El Ejecutivo propone una reforma previsional que recoge las demandas más ideológicas de la oposición, con consecuencias de largo plazo muy complejas para el mercado laboral y las finanzas del fisco. En un país con un muy alto porcentaje de su fuerza de trabajo desempeñándose en condiciones de informalidad -30% comparable a un promedio de 12% en los países OCDE- lo que propone el Ejecutivo es un fuerte incremento en las cotizaciones previsionales sin una contrapartida comparable en beneficios para el cotizante, por lo que se desincentiva la participación de los trabajadores en la seguridad social.

En menos de cuatro meses, el Ejecutivo pasó de su propuesta original de aumentar las cotizaciones en 4,2% del ingreso imponible del trabajador -con 4% para capitalización individual y 0,2% para financiar un seguro de dependencia- a una nueva propuesta según la cual las cotizaciones para vejez se incrementarían en 6%, con 3% para capitalización individual y 3% para un fondo de ahorro colectivo y solidario.

De prosperar el esquema propuesto tendríamos que, para una remuneración bajo el tope imponible, las cotizaciones de cargo del trabajador y del empleador para vejez (16%), salud (7%) cesantía (3%), Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y comisión de la AFP (entre ambas en torno a 2,5%) y accidentes del trabajo, sumarían prácticamente 30% del ingreso imponible del trabajador. Cuando en paralelo se está asegurando que una parte significativa de la cotización para la vejez va a un fondo solidario y no mejorará la pensión propia, una atención de calidad y gratuita en la salud pública para personas de bajos ingresos, así como una pensión asegurada por sobre la línea de la pobreza a quien haya efectuado un mínimo de cotizaciones, lo que se va gestando es una fuerte percepción de las cotizaciones previsionales como meros impuestos y un fuerte incentivo a evadirlas y mantenerse en la informalidad.

Parece haber un voluntarismo del gobierno al plantear que estos incrementos de cotización solo serán de cargo del empleador, cuando en los hechos a largo plazo estos mayos costos los terminarán absorbiendo los propios trabajadores, principalmente por ajustes en las remuneraciones.

A pesar de que fue la informalidad laboral de nuestro país la causa de que las pensiones de muchas personas fuesen insuficientes, por falta de cotizaciones, lo que propone el gobierno y que seguramente va a querer extremar la oposición debilita la capitalización individual y potencia incentivos para que los trabajadores que más lo requieren se marginen de la seguridad social.

Lo que avanza el proyecto del Ejecutivo no es un modelo "de reparto" - cuando así lo permitía la demografía, dicho sistema pretendía alivianar la tarea del fisco, al generar un mecanismo autosustentado por el cual lo recaudado a través de cotizaciones pagadas por los trabajadores activos permitiría otorgar buenas pensiones a los trabajadores jubilados- sino pensiones crecientemente dependientes de un fisco cada vez más limitado en sus finanzas. No es difícil anticipar las dificultades del sistema para financiarse a largo plazo a medida que la población envejezca.