Reorganización de Latam bajo Capítulo 11

Foto: Andres Perez

Si bien la empresa, sus accionistas y acreedores pagarán altos costos, la compañía tendrá una nueva oportunidad para volver a ser rentable.



El hecho de que Latam -el principal operador aéreo de la región- haya acogido buena parte de sus filiales al proceso de reorganización judicial de Estados Unidos, conocido como Capítulo 11, es sin duda una noticia sorprendente para una compañía que hasta hace poco gozaba no solo de buena salud financiera, sino también contaba con una sólida posición en el mercado. La crisis del coronavirus destruyó todo aquello en cosa de meses, dado que hizo prácticamente desaparecer el mercado aéreo en todo el mundo, caída que en Chile llegó a un 94,5% en el mes de abril.

En estas circunstancias, Latam, como todas la aerolíneas del mundo, comenzó a buscar salidas a una situación impensada, advirtiendo que no era soportable por más de unos meses, de lo contrario quedaría sin recursos para seguir funcionando. Gobiernos como el de Estados Unidos y Alemania, entre otros, entregaron recientemente apoyo directo a sus líneas aéreas como una forma de mantenerlas a flote y preservar los empleos que generan.

El gobierno de Chile se mostró inicialmente renuente a un rescate, probablemente porque la cantidad de recursos que se requería era muy grande para un Estado ya muy endeudado en distintos planos. También pudo haber influido una arista política, dada la estrecha cercanía que tuvo el Presidente de la República con la empresa, pues en algún momento fue uno de sus accionistas mayoritarios. La suma de estas dos consideraciones hacía muy difícil proponer un paquete de ayuda para Latam.

Pese a ello, la alternativa de entrar al Capítulo 11 parece una opción razonable. Se trata de un mecanismo que si bien no garantiza que la empresa pueda llegar a quebrar, al menos le da una oportunidad para reorganizarse y salir fortalecida. Para que esto suceda, los acreedores habrán de hacer una pérdida importante, permitiendo que baje la actual deuda de US$ 10 mil millones. Es necesario, asimismo, que la compañía presente un plan de salida que asegure la operación futura, y que consiga los recursos para seguir operando en el corto plazo.

A la luz del historial y cifras de la empresa, es probable que todo aquello se consiga. Por lo general, los acreedores bajo el Capítulo 11 aceptan las condiciones que se les plantean; además, la compañía, que ha probado ser rentable en condiciones normales, debiera ser capaz de presentar un plan de salida. Finalmente, en cuanto al monto de capital que se necesita, los recursos frescos que tiene Latam, más el aporte de US$ 900 millones comprometidos por sus accionistas controladores, lo acercan a las necesidades de caja que se requieren. Bajo ese escenario se abre la posibilidad de recibir ayuda del estado chileno, dado que el monto requerido sería menor y además quedaría como acreedor preferente. Ello va en línea con lo que el gobierno ha buscado que es salvaguardar lo mejor posible los recursos fiscales y utilizarlos de la manera más eficiente posible en el objetivo de cuidar el empleo y la economía.

Con todo, esto representa una gran pérdida de patrimonio para sus dueños, acreedores y accionistas en general, tal como lo reflejó la reacción de los mercados ayer. Tras este proceso, Latam podría terminar en una empresa nueva, más pequeña sin duda, pero viable cuando los mercados se recuperen, y con ello salvar una parte de los 10 mil empleos directos y los 200 mil indirectos que genera.

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