Daniel Leyton

Daniel Leyton

Académico Facultad de Educación Universidad Alberto Hurtado.

Opinión

Repensar la política de admisión en la educación superior: más allá de la PSU

Foto: Refencial | Aton

La PSU, como medida del esfuerzo y talento académico, ha fracasado sistemáticamente en reconocer dichos méritos. Por el contrario, año tras año refuerza los privilegios de la educación privada –que opera como un régimen intocable por fuera de toda norma y política de inclusión o justicia social-, las desigualdes de clase, género, raza/etnia, y situación geográfica en la educación superior. Sin embargo, la discusión no puede centrarse solo en dicho instrumento. Es importante abordar el proceso de admisión en su conjunto, sus políticas de inclusión, así como también las creencias y discursos que lo mantienen.

Las desigualdades se expresan en todo el proceso de admisión, desde la inscripción, rendición, postulación, selección y acceso. Por ejemplo, según datos del Demre, para el proceso de admisión 2016, del 100% de inscritos, casi la totalidad de los estudiantes de colegios privados rinden la prueba, en contraste con el 83% de estudiantes de escuelas municipales. En dicho proceso, solo un 18,8% de estos últimos logró acceder a una universidad adscrita al sistema único de admisión (SUA), contrastando con el 63,7% proveniente de la educación particular pagada.

Por su parte, la implementación de programas de acciones afirmativas como el PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la Educación Superior) y el ranking de notas no han contribuido a revertir la reproducción de los privilegios. Si bien aspiran a reconocer el mérito de manera más justa, teniendo en cuenta el rendimiento de las y los estudiantes dentro de sus propios contextos educativos, su efecto en la composición socioeconómica ha sido escaso. Por ejemplo, el año 2018 entraron 3.487 estudiantes vía PACE (https://pace.mineduc.cl/trayectoria/), lo que representa menos del 5% del total de estudiantes que dicho año entró a una institución adscrita al SUA, y sólo el 1% del total de estudiantes matriculados a nivel nacional (Mineduc, 2018).

Estas medidas expresan una adherencia férrea a la idea de que la meritocracia puede ser realizada en Chile. Esto implica, la creencia en que las personas pueden, a punta de esfuerzo, responsabilidad y talento, superar las barreas sociales y económicas en las cuales nacieron, y así acceder a posiciones con mayor status social. Dicha idea es compartida fuertemente por las propias instituciones de educación superior, las cuales ven, dichas cualidades, en los estudiantes más privilegiados, y asumen como misión, educar a la elite nacional. Así, el discurso de la meritocracia refuerza la idea de que la universidad es el espacio natural para aquellos privilegiados y para aquellos que aspiran a pertenecer a la elite de la sociedad.

De esta manera, el sistema de admisión, sus medidas de inclusión y el discurso institucional universitario actual, reproducen la valoración y sentimientos negativos hacia otras clases más desfavorecidas y hacia las aspiraciones que no desean pertenecer a una elite, mas si, contribuir al respeto, valoración y mejora de las condiciones de vida de sus propios y otros grupos sociales. El apego al mérito nos lleva a valorar aquellas políticas sociales orientadas a preparar a los individuos a navegar por una serie de situaciones de injusticia, y olvidar el necesario trabajo de transformar los discursos y estructuras que producen continuamente dichas situaciones de desigualdad. Desafiar la idea de la meritocracia es imperioso para comenzar a pensar y practicar otras formas de combatir la desigualdad y frustración social producida por las dinámicas excluyentes de la educación superior en Chile.

Por último, pero no menos importante, el sistema de admisión contiene una serie de mecanismos institucionales que niegan sistemáticamente los derechos a la educación superior de los y las ciudadanas migrantes en Chile. Basta una mirada por los múltiples beneficios y becas estudiantiles para darse cuenta que, casi en su totalidad, exigen la nacionalidad Chilena o residencia definitiva como requisito (http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/). Por otro lado, sumado a las dificultades que enfrentan los y las estudiantes migrantes en la PSU, no se les reconocen el rendimiento académico en la enseñanza secundaria cursada en el extranjero para el cálculo de sus puntajes finales. Esto los excluye de las medidas alternativas diseñadas para mitigar los efectos excluyentes de la PSU.

Estos y otro desafíos requieren no solo experiencia técnica, sino también, voluntad y fuerza política. Ambas ausentes hasta el día de hoy en el país.

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