Represión sin precedentes en Venezuela
El reciente informe de la misión especial de la ONU da cuenta de una dramática violación a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, ante lo que cabe preguntarse cuál será la respuesta de la comunidad internacional.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela acaba de publicar un nuevo informe, donde da cuenta de un aumento “profundamente preocupante” de las violaciones a los derechos humanos, constatando que las víctimas han sido objeto de una represión sin precedentes en dicho país. El documento profundiza las conclusiones que la misión de la ONU ya había reportado en su informe de septiembre, en el cual se había establecido que el régimen ha “intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”.
El reporte, que documenta la situación de derechos humanos antes, durante y después de las elecciones fraudulentas que se llevaron a cabo el 28 de julio pasado, muestra un patrón sistemático para reprimir a la disidencia. Así, en los 10 meses anteriores a los comicios se pudo constatar la detención de una serie de líderes políticos de oposición, además de numerosas personas, generalmente bajo el cargo de conspiración. Luego de conocidos los resultados, se desplegó una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente. Muchas de las detenciones se efectuaron dentro del marco de la denominada “operación Tun Tun”, donde las fuerzas de seguridad detuvieron en sus hogares a personas que habían participado en las protestas. Las detenciones se han llevado a cabo sin sujeción al debido proceso, incluso con desapariciones temporales, a lo que se suma la veintena de personas que murieron en el marco de las protestas contra las elecciones fraudulentas, donde en varios casos se presume la participación de agentes del gobierno.
Los actos de represión incluso se han extendido a menores de edad, algo que ya había sido alertado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, denunciando que tras las eleciones más de 150 menores habían sido detenidos por su participación en las protestas, muchos de los cuales seguían bajo arresto.
La Misión concluyó que este conjunto de violaciones a las garantías fundamentales, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, y violencia sexual, “configuran el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos”.
Se trata ciertamente de un cuadro desolador, que no hace más que confirmar que el régimen de Nicolás Maduro luego de usurpar las elecciones no sólo ha reafirmado su carácter dictatorial, sino que ha mostrado voluntad de llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias con el objetivo de acallar la disidencia.
Frente a esta gravísima situación, la gran interrogante que se abre ahora es qué medidas adoptará la comunidad internacional, que hasta ahora ha sido incapaz de poner en marcha un conjunto de sanciones y condenas que logren algún efecto disuasivo. En la medida que esta situación se prolongue no sólo hay un evidente riesgo de que el número de víctimas siga aumentando, sino que se puede profundizar la crisis política y social en dicho país que lleve a nuevos éxodos de venezolanos en la región, amplificando el drama humanitario.
