Restricción sin sentido a difusión de encuestas

Mañana será el último día en que se podrán difundir resultados de encuestas electorales antes de las elecciones del 21 de noviembre, pues conforme con la legislación vigente dicha difusión solo es posible hasta el décimo quinto día anterior al de la elección.

Este blackout -introducido en nuestra legislación electoral desde 2016- llega en un momento particularmente álgido de la campaña, cuando las preferencias han ido girando vertiginosamente en las últimas semanas, y los escenarios que las encuestas dibujaban hace apenas algunas semanas ahora son muy distintos, con Gabriel Boric y José Antonio Kast liderando las preferencias. En este escenario tan líquido, y cuando aún la mayoría no opta por alguna candidatura, es posible que las preferencias terminen de decantarse en los últimos días. En un contexto así, cabría esperar que la ciudadanía pudiera contar con la mayor cantidad de insumos informativos posible, pero este bloqueo va justamente en contra de ese objetivo.

Una restricción de esta naturaleza carece a estas alturas de todo sentido, y debería ser eliminada, o cuando menos establecer un umbral mucho más reducido. Son varias las legislaciones internacionales que contemplan algún período de bloqueo para difundir preferencias electorales, pero la chilena se encuentra entre las más estrictas. En general estos umbrales se ubican entre cuatro o cinco días antes de las elecciones, existiendo casos en que incluso dicho período es menor, o inexistente.

De algún modo con estas prohibiciones se busca evitar que las preferencias de la ciudadanía se puedan ver alteradas por informaciones tendenciosas o interesadas, que busquen crear determinados climas de opinión pública. Pero estas limitaciones carecen ya de sentido. La población tiene hoy acceso virtualmente ilimitado a fuentes de información a través de las redes sociales, donde incluso es posible apreciar que circulan todo tipo de encuestas -incluso en las mismas redes se montan sondeos que los propios usuarios responden- sin ningún tipo de limitación, pues ejercer allí un control es casi imposible.

Es la propia ciudadanía la llamada a ejercer un control y determinar por sí misma qué fuentes de información le parecen más confiables, y prescindir de aquellas que a su juicio no lo sean. Intentar blindar a la población contra noticias falsas o de la influencia que podrían ejercer las encuestas resulta inútil, y hasta contraproducente, pues en el afán de ello es fácil caer en prácticas que pueden atentar en contra de la libertad de expresión.

Por cierto que en el ámbito de las encuestadoras existen muy variadas realidades, donde la confiabilidad de un estudio está dado principalmente por la seriedad de sus metodologías. Es importante entonces poder discriminar en función de ello, y en tal sentido la propia industria de las encuestadoras podría reforzar los estándares para una mejor autorregulación -todo lo que apunte a aumentar la transparencia de cómo se lleva a cabo un estudio de opinión será siempre bienvenido; tal es el caso, por ejemplo, de su financiamiento, sobre todo si dicho estudio va dirigido a la opinión pública-, evitando así dar espacio para alimentar las tentaciones regulatorias de gobernantes o parlamentarios.