SEÑOR DIRECTOR

En la edición de La Tercera de ayer aparezco criticando la medida dada a conocer un día antes por el ministro del Interior, consistente en sancionar a quienes participen en fiestas, infringiendo las medidas sanitarias, con trabajos voluntarios en “lugares donde hay que atender enfermos”, donde “tengan que relacionarse con familias que están sufriendo” y pacientes “que están muchas veces complicados”, para que así “sientan conciencia de los estragos que genera la enfermedad”.

La nota no detalla las consecuencias indeseadas que yo anticipé: distraer al sistema de salud con tareas de capacitación, supervisión, evaluación de los sancionados y de reportes a la justicia; infantilizar a los condenados en lugar de hacerlos responder ante la sociedad pues, así definidos, los trabajos no esperaban de ellos un aporte efectivo al cuidado y tratamiento de los pacientes -no tienen competencia para ello-, sino más bien que escarmienten por medio del impacto que les provocaría presenciar su sufrimiento; e instrumentalizar a los pacientes para cumplir un fin del sistema penal, con una medida invasiva.

Las explicaciones dadas ayer por la autoridad -en realidad no se presenciará los “estragos de la enfermedad”, ni se trabajará con los pacientes y familias que están sufriendo, sino en labores de limpieza, en cuadrillas o en residencias donde se cumplen cuarentenas- conjuran en buena medida los riesgos que advertí. Por otra parte, sin embargo, tiende a desaparecer (en buena hora) la finalidad de “pedagogía penal”, por medio de aquel impacto emocional y de la conciencia, que hizo tan mediático el primer anuncio.

Solo queda -lo que está muy bien- la ya conocida sanción de servicios en beneficio de la comunidad, cuya asociación al sistema de respuesta a la Covid-19 no parece ya necesaria ni justificada.

Jaime Couso

Profesor de Derecho Penal

Universidad Diego Portales