El valor de los fondos de pensiones de la población chilena manejados por el sistema de las AFP ha experimentado una caída de gran magnitud por el colapso en precios de las acciones y otros activos financieros a raíz de la pandemia del coronavirus. La comunidad de inversionistas tanto fuera como dentro de Chile, ante la crisis, han procedido a vender masivamente estos activos, deprimiendo sus precios. La consiguiente devaluación del valor de los fondos de pensiones invertidos en los mercados de capitales no es nueva y ya tiene precedentes: ocurrió como efecto la crisis financiera global del 2008-09 y también ha ocurrido en otros ciclos de menor intensidad.

La experiencia de la última década reafirma la inconveniencia de tener un sistema de pensiones cuyos fondos son tan sensibles a vaivenes, ciclos y crisis de los mercados financieros. Es hora de crear en Chile un sistema de pensiones realmente diferente al actual. Un nuevo sistema en que el pensionado conozca qué recibirá como pensión un determinado porcentaje de su último sueldo según el número de años que ha cotizado en la seguridad social. Este es un sistema de beneficios definidos y de reparto (creado hace un siglo y medio en Alemania en la década de 1880 y en vigencia, con ajustes y reformas, en la gran mayoría de los países del mundo hoy). En este sistema, las pensiones no son sujetas a los vaivenes financieros propios de un sistema capitalista globalizado vulnerable a crisis de confianza, guerras, pandemias, calentamiento global y otros eventos que quizás hoy no podemos concebir. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de nuestro país siguen insistiendo en aprobar leyes que, en definitiva, mantienen un sistema de pensiones que simplemente no funciona.

Recientemente se ha propuesto que las personas puedan usar una cierta proporción de sus fondos de pensiones para atender contingencias de salud y quizás solventar gastos básicos de alimentación. En condiciones normales, los fondos de pensiones deben ir a este propósito, pero no estamos en tiempos normales. En ausencia de una red de protección social universal en nuestro país que pueda contrarrestar los efectos de la emergencia sanitaria y de los masivos despidos que están ocurriendo, la opción de liberar parte de estos fondos de pensiones para que los dueños de estos recursos los usen hoy es una medida, si bien no ideal, que debe ser considerada seriamente en la emergencia actual. Lo más importante es sostener los ingresos de los chilenos que están perdiendo sus empleos y son afectados por la crisis humanitaria.

Medidas compensatorias más adecuadas serían elevar el valor del bono, ampliar su cobertura y extenderlo sin ambigüedades por al menos seis meses. El valor del bono en Chile alcanza el equivalente a 60 dólares por persona, versus cerca del doble de ese valor en Argentina (país que tiene un ingreso por habitante inferior al nuestro). En economías como Estados Unidos, el bono por habitante alcanzará los 1.200 dólares, mientras que en varios países escandinavos éste se eleva a más de 2.000 dólares por persona.

Vivimos la paradoja de que el país cuenta con niveles acumulados récords de los fondos de pensiones en manos de las AFP, los que alcanzan a 220 mil millones de dólares, fondos soberanos, amplios patrimonios del sector más afluente de la población, pero al mismo tiempo el Estado chileno indica que tiene fondos escasos y no puede acudir con más generosidad para apoyar a la gente a cubrir sus gastos esenciales en la actual crisis sanitaria. Es hora de ser prácticos, para llegar al largo plazo la gente debe subsistir hoy.