El sistema debe cambiar, pero con costo cero para el Estado

En estas últimas semanas, hemos vivido la crisis social más profunda desde el retorno a la democracia. En este escenario, los cuestionamientos a la instituciones públicas y privadas se han visto agudizadas.

El Sistema Notarial y Registral chileno es reconocido, tanto por la seguridad que otorga a las personas, en lo que dice relación con sus decisiones contractuales más significativas; como por la contribución que hace al crecimiento económico del país, en lo relativo al sólido marco jurídico en el que permite desarrollarse.

No obstante, el sistema también ha recibido críticas por aspectos importantes referidos a la calidad del

servicio. Y, como directiva del gremio, apoyamos realizar cambios que mejoren nuestra atención a la ciudadanía.

Para ello, se deben crear nuevas notarías que amplíen la cobertura y aumenten la competencia; eliminar una decena de trámites innecesarios -pero que siguen siendo solicitados por instituciones públicas-; potenciar la implementación de tecnologías y fomentar la meritocracia en la elección de notarios y conservadores.

Todas estas reformas deben realizarse, sin embargo, con costo cero para el Estado. De hecho, esta es una de las graves falencias del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. No sólo porque conlleva una carga financiera que el Fisco no tiene en la actualidad, sino, además, porque el valor de implementación real de la normativa será siete veces mayor al cálculo dado a conocer por el gobierno.

Mientras el Ministerio de Justicia estimó esta cifra en $2.100 millones, el gremio presentó estudios de la consultora CEOP, integrada por académicos de la Universidad Católica, y un experto judicial informático, que fijan el monto total inicial de inversión en $16 mil millones. En tanto, el costo en régimen anual del proyecto será cinco veces mayor a lo informado por la cartera de Justicia: Dicho valor alcanzará los $6.300 millones y no $1.300 millones anuales como se ha dicho.

La creación de una figura de un seudonotario, como es el Fedatario Privado, aumenta el riesgo financiero para el fisco, ya que no estarán obligados a vigilar el pago de impuestos que gravan los documentos que autoricen, ni serán solidariamente responsables del pago, labor con la que notarios entregan al fisco US$ 300.000.000 al año. A esto se sumará que el proyecto contempla incrementar de 35 a 70 los fiscales judiciales, número insuficiente para fiscalizar a más de 4.000 ministros de fe que pueda llegar a crear el proyecto de ley.

Asimismo, el proyecto crea tres plataformas a cargo del Registro Civil, -en que se pretenden archivar todas las inscripciones de los conservadores y escrituras de los notarios, con el alto riesgo de seguridad de tan sensible información. Esta iniciativa obligará a que el RC, ya estresado en sus funciones, asuma tareas distintas a su naturaleza, con un costo de implementación de $ 12.704.996.178, y con un valor en régimen anual de $ 3.322.022.304.

No es el momento para distraer los recursos del Estado. Es el momento para dirigirlos a cubrir las demandas sociales más urgentes.