Por Alfonso De Urresti, presidente de la Comisión de Constitución del Senado

En una columna publicada en este medio, un abogado del Instituto Libertad y Desarrollo plantea la idea que los senadores que somos autores del proyecto de reforma constitucional (De Urresti, Latorre, Provoste y otros), que busca establecer las bases de un sistema de pensiones con características solidarias, estaríamos transgrediendo “el espíritu” de la Carta Fundamental. Esto se produciría a pesar de cumplir con todos los requisitos que el columnista considera formalmente cumplidos. El incumplimiento del espíritu, señala el autor, tendría un fin elusivo o de resquicio constitucional. En el mismo registro de lenguaje, la ministra Zaldívar denominó esta iniciativa como “fraude constitucional”, en su comparecencia en la comisión que presido en el Senado.

El uso de este cúmulo de adjetivos e hipérboles tiene su origen en que la reforma fue planteada como una reforma constitucional y no como una ley simple, lo que en lo sustancial tiene dos efectos: primero, debe cumplir un quórum más alto para su aprobación, al tratarse de una reforma constitucional, y segundo, no está sometida a las restricciones de las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, como sí lo están las leyes simples.

Presentar esta reforma mediante los procesos regulares del trámite parlamentario, de acuerdo a las formas jurídicas que rigen la Carta Fundamental vigente, sometiéndose a sus quórums de aprobación (particularmente altos en la Constitución chilena), no puede en ningún caso ser denominado “fraude”, “elusión” o “resquicio”. Entiendo que la ministra Zaldívar y al abogado del Instituto Libertad y Desarrollo pueda no gustarles el contenido del proyecto que se presenta, pero en los sistemas democráticos son los procedimientos los que ordenan los términos del debate democrático. A esos procedimientos nos hemos sujetado al momento de presentar esta reforma, declarada admisible para su tramitación. Creo que una participación honesta de la representante del Presidente de la República en el área laboral, así como del abogado del centro de estudios vinculados al gobierno, debe darse en los términos del debate de ideas y de políticas públicas y no en el terreno de las descalificaciones.

En la Constitución chilena, los quórums de aprobación de las reformas constitucionales son particularmente altos. Distintos estudios y publicaciones (Fuentes, Ruiz-Tagle, Cristi, Atria) dan cuenta que el sentido que tuvo establecer quórums exageradamente altos para una gran cantidad de materias fue la protección del status quo. La dictadura se aseguró así que su proyecto político quedara consagrado en la Constitución y en distintas leyes de amarre. Particularmente paradigmático en esta materia fueron las leyes simples que fueron sin ninguna explicación “subidas” a rango de LOC (Ley Orgánica Constitucional) el último día antes que terminara la dictadura, con el único objeto de hacer más difícil la modificación de esas leyes en materia de educación, salud y otros ámbitos relevantes. Este diseño institucional de la Constitución del 80 le ha otorgado “un veto” a la minoría parlamentaria de derecha para impedir cambios en distintas áreas que en casi todos los demás países del mundo se adoptan por simple mayoría.

Con todas las ventajas con las que juega la derecha en el modelo de la Constitución chilena, además del “veto” que les dan los quórums constitucionales, ahora reclaman el derecho a que la centro izquierda no presente proyectos de ley que no sean de su línea ideológica, porque eso violaría “el espíritu de la Constitución”. Bien, lo que reclaman es francamente inadmisible, porque la democracia constitucional se construye sobre la base de un pluralismo de visiones, de legítimas diferencias, que comparecen en el espacio público y que se resuelven mediante el debate de ideas y el sometimiento a los procedimientos de la democracia.

En conclusión, lo que debe hacer la ministra Zaldívar es involucrarse en este debate de política pública y de buena fe, ayudarnos a encontrar el mejor camino para reformar un sistema de pensiones que distribuye pobreza y que concentra poder en una pequeña élite, usando y lucrando con los ahorros de todos los chilenos.