Subsidios y distorsiones en el mercado eléctrico
La fórmula que propone el gobierno para ampliar el subsidio que permita amortiguar el alza en las cuentas de la luz, donde se afectan las reglas que rigen para pequeños productores de energía, puede conllevar serias implicancias para el país.
Controvertida ha sido la propuesta del Ejecutivo para financiar la ampliación del subsidio con el objetivo de mitigar los efectos en el alza de las cuentas de la luz, originado por el inicio del descongelamiento de las tarifas eléctricas. Al respecto, cabe recordar que en noviembre de 2019 se aprobó por el Congreso (Ley 21.185) un mecanismo transitorio que permitiría congelar las tarifas eléctricas para revertir el alza esperada en la cuenta de la luz de 9,2% que correspondía al siguiente decreto tarifario, y que se esperaba su reversión cuando los efectos transitorios de la pandemia volvieran a sus niveles de normalidad. El mecanismo de compensación contemplaba una deuda máxima para el Estado con las empresas del sector eléctrico por US$ 1.350 millones.
Sin embargo, el actual gobierno, en agosto de 2022, en vez de iniciar el proceso de descongelamiento pasada la pandemia, volvió a modificar el esquema para los cambios de precios de las tarifas (Ley 21.472), añadiendo un cargo para el pago gradual de la deuda como protección a los clientes. En total, el proceso de congelamiento de tarifas acumuló una deuda del Estado para con las empresas del sector por más de US$ 6 mil millones.
El ministro de Hacienda ha señalado que el financiamiento de este subsidio debe ser autocontenido y autofinanciado, dada la estrechez de la finanzas públicas. Lo inexplicable es que ahora que el gobierno decide descongelar las tarifas y quiere entregar un alivio a las familias para paliar el aumento de las cuentas de luz, sea el sector eléctrico el responsable de financiar una parte del costo del subsidio. Y para esto, contempla afectar a los contratos entre generadoras y distribuidoras por clientes regulados, afectando los cargos del Fondo de Estabilización de Tarifas a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), con lo que espera recaudar US$150 millones anuales por tres años.
Acera, la asociación que reúne a gran parte de las empresas del sector, ha proyectado que esto producirá la quiebra de empresas con un efecto en 3 mil puestos de trabajo. Adicionalmente, algunos de los principales bancos de inversión a nivel mundial -Blackrock, Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft, MetLife Investment Management y Sumitomo Mitsui Banking Corporation- advirtieron en una reciente carta al gobierno que “la medida puede tener consecuencias devastadoras para la confianza en Chile como destino de inversiones”.
Todas las industrias están conscientes de que la regulación puede cambiar en el futuro, pero lo que se espera del país es que esto se realice en una discusión seria, sin alterar caprichosamente las reglas que se han definido para una determinada actividad y respetando los tiempos para poder tener un diagnóstico certero. Para definir el camino a seguir, lo razonable es esperar a ver el número de beneficiarios que se inscriban en octubre. Pero los parlamentarios deben tener presente que abrir esta puerta de financiamiento afectando hoy al sector energía, tendrá consecuencias en el futuro para otras acciones similares. Si este subsidio es una prioridad para el gobierno, debe ser financiado con ingresos generales de la Nación y los cambios regulatorios discutirlos en su mérito.
