SEÑOR DIRECTOR:
Resulta impresentable, y constituye también una falta de empatía y desconexión brutal por la situación económica que experimenta el país, que el Poder Judicial pretenda renovar su flota de vehículos por un costo total de 1.200 millones de pesos para los 22 ministros de la Corte Suprema, es decir, resultando un costo para el Estado de 55 millones de pesos por vehículo. ¿No será mucho? Es perfectamente posible circular por las calles por un valor más económico que eso.
Ignacio Garay P.
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