Suspensión del Simce: un paso en la dirección correcta

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Por María Beatriz Fernandez, Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, en conjunto con Javier Campos, investigador; Iván Salinas y Teresa Flórez, del Departamento de Estudios Pedagógicos de la U. de Chile; Jorge Muñoz, presidente del Colegio de Profesores, comunal La Florida; Patricia Guerrero, de la Facultad de Educación de la U. Católica de Chile; y Paulina Contreras, de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile

El día 17 de junio de 2020, la Agencia de la Calidad de la Educación anunció que no se aplicará la prueba Simce de manera censal este año. Este anuncio se realiza después de que, desde el mundo social y académico, se cuestionara la utilidad del instrumento, en un contexto donde la escuela ha debido transformar su función para atender las múltiples necesidades de estudiantes y comunidades en tiempos de emergencia. Esta noticia es positiva, porque significará un alivio a la carga de las comunidades educativas y al agobio que experimentan estudiantes y docentes frente a las consecuencias de esta prueba. Si bien se escuchó a la ciudadanía y se reconoce la poca pertinencia de la prueba en este contexto, los problemas del Simce no son recientes, ni desaparecerán si se reinicia la prueba el 2021.

Diversas voces en la academia y los movimientos sociales han cuestionado el Simce y, desde el 2013, comenzaron a articularse en torno a la Campaña Alto al Simce, poniendo en el debate público sus problemas. Durante estos siete años, la campaña ha realizado diferentes acciones comunicacionales y una propuesta alternativa de evaluación. Las y los estudiantes secundarios han boicoteado la prueba y sufrido las consecuencias de dichas acciones. Las y los trabajadores de la educación han manifestado que el Simce genera consecuencias negativas pedagógicas y laborales. Todas estas organizaciones han denunciado al Simce como pieza clave en las políticas educativas ligadas a la rendición de cuentas y el financiamiento, centradas en incentivos y castigos por desempeño. Se ha señalado que este tipo de medición no reconoce el juicio profesional docente y las particularidades contextuales, empobreciendo el trabajo pedagógico y la experiencia de aprendizaje. También se menciona que este sistema de medición ha debilitado la educación pública a la que asisten los y las estudiantes socioeconómicamente más vulnerables del país. La investigación educativa de los últimos diez años corrobora estas conclusiones.

La suspensión del Simce es una oportunidad para revisar las políticas asociadas a esta prueba y reformar el sistema de evaluación. Proponemos replantear la vinculación entre financiamiento y resultados del Simce, eliminando la entrega de incentivos en base a los resultados Simce (como el SNED y la Subvención Escolar Preferencial) y poniendo énfasis en lo formativo como motor de cambio, no en el temor al castigo. Necesitamos un acompañamiento colaborativo a las comunidades y una evaluación para el aprendizaje integral que contribuya a formación de sujetos reflexivos y creativos que transformen positivamente su realidad mediante la democracia. Una evaluación que valore el juicio de los trabajadores de la educación y promueva la interpretación territorial del curriculum. La suspensión del Simce 2020 es un paso en la dirección correcta, pero queda mucho por hacer para avanzar en construir una evaluación para una educación pertinente que sea un derecho para todas y todos, y fortalezca la profesionalidad docente.

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