Tareas urgentes para el próximo gobierno




Por Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura

Con el inicio de las campañas presidenciales y las otras que acompañan ese proceso, adquiere relevancia la discusión programática, esencial para comprender el país del que seremos parte a partir de marzo del próximo año. En el caso de la infraestructura esto es fundamental porque, tal como hemos sostenido sistemáticamente, si hay algo que deben trascender a los gobiernos son las decisiones que se tomen en relación a esta actividad. Como CPI hemos hecho un esfuerzo por identificar las propuestas emblemáticas que debieran asumirse por una nueva administración.

En ese sentido, creemos que es necesario avanzar en un cambio institucional importante para el sector. Como país necesitamos recuperar alguna instancia en que nos miremos y proyectemos al largo plazo, y desde ahí se le proponga a ministerios y empresas del Estado los proyectos prioritarios que se debieran llevar a cabo a través de un Consejo Asesor de Infraestructura, a nivel de la Presidencia de la República.

Una segunda línea de acciones es la que tiene que ver con la puesta al día de nuestras principales ciudades. Como se constató con el estallido social y la pandemia, es en las ciudades donde se experimenta con mayor profundidad la inequidad en el acceso a bienes de uso público. Es así como la superación de las brechas, la infraestructura habilitante para resolver en forma armónica el déficit de vivienda y una conectividad expedita, no contaminante e integradora adquieren la mayor relevancia.

Una tercera prioridad debiera ser el agua. La evidencia es elocuente al respecto: de no hacer nada, el impacto del cambio climático en Chile será mayúsculo, expresándose en una disminución dramática en la disponibilidad de recursos hídricos en buena parte de la geografía nacional. Esto obliga a diseñar medidas que mejoren significativamente el manejo de los pocos recursos hídricos a los que tendremos acceso y un esfuerzo audaz por aumentar la oferta en las zonas de mayor déficit. Es por ello que la desalación y el trasvase de cuencas deben ser parte de una política pública de infraestructura hídrica.

Y si aspiramos a ser una voz relevante en el mundo, en relación con el cambio climático, debemos comprometernos con avanzar mucho más rápido de lo previsto en la modificación de nuestra matriz energética, en potenciar la industria del hidrógeno verde, en facilitar el acceso de las fuentes de energía a los centros de consumo y así, avanzar los más rápido posible en un proceso de creciente electrificación de nuestras actividades productivas, del transporte y en la energía para uso de los hogares.

Por último, no podemos quedarnos abajo del cambio que representa la conectividad digital. Se ha demostrado que Chile está preparado para este proceso, pudiendo ser un factor importante de dinamización de nuestra economía. Pero no basta con esperar que las cosas pasen; es necesario diseñar políticas para asegurar una conectividad de calidad en todo el país y facilitarles a las familias el equipamiento para que esa conectividad tenga una expresión práctica en la vida diaria.

Concentrar esfuerzo en estas cinco líneas de acción, sin descuidar otras, debiera concitar un importante consenso entre las diferentes opciones para gobernar Chile en los próximos años.

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