Tensión por ataques a transportistas

La Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur lanzó una dura advertencia al gobierno a raíz de los constantes ataques que han sufrido los transportistas en La Araucanía y zonas aledañas, planteando que el “tiempo ya se acabó”, y que si hay “un solo camión más destruido” se verán en la necesidad de tomar acciones, no descartando un paro nacional. No todos los gremios ligados al transporte de carga apoyan la realización de un paro de estas características, pero concuerdan en que la situación ha llegado a un límite insostenible.

Los transportistas denuncian la completa ausencia de estado de derecho en el país, pero especialmente en la macrozona del sur, donde se concentra el llamado “conflicto indígena”; reprochan a las autoridades su fracaso en el control del orden público, y hacen ver el grave impacto que supone para esta actividad el no poder desarrollar sus actividades con normalidad, con riesgo de su propia integridad física. 

Las cifras son elocuentes en cuanto al daño que estas acciones subversivas han provocado en esta industria. En lo que va del año se han registrado más de 500 camiones atacados o destruidos, un espiral que se va haciendo cada vez más ominoso tanto por el incremento de los ataques -es sintomático que éstos ya no solo ocurran en caminos interiores, sino que también están tendiendo lugar en carreteras, incluso a plena luz del día- como por el mayor grado de violencia ejercido, al punto que un conductor perdió la vida -tras una larga agonía- a raíz de las graves quemaduras que sufrió producto de un atentando incendiario al interior de su camión.

Esto hechos, que deberían despertar una condena unánime y ser motivo de una acción decidida por parte de las instituciones del Estado, parecen encontrar escasa repercusión a nivel político, indiferencia que ha llevado a naturalizar hechos incompatibles con un estado de derecho, y que difícilmente podrían ser aceptados en otro lugar del país. Es un hecho que la actividad del transporte en esta zona carece de la seguridad mínima para el desarrollo de sus actividades, y de allí que los reclamos que han elevado ante la autoridad sean plenamente justificables.

Con todo, es fundamental que los caminos escogidos para visibilizar estas demandas se apeguen a los cauces institucionales y a los marcos que fija la ley -también es importante evitar un lenguaje que exacerbe aún más los ánimos-, por lo que acciones de fuerza que eventualmente busquen alterar el normal desarrollo de actividades en el país se alejarían por completo de este espíritu. Asimismo, este legítimo reclamo no debería ser aprovechado para introducir agendas que no guardan relación con los problemas denunciados, como por ejemplo ocurre con la solicitud formulada al gobierno para que las concesionarias dejen de cobrar peajes en tanto no exista seguridad en las carreteras.

El gobierno se ha mostrado receptivo a estas demandas, comprometiendo mayor seguridad para el desarrollo de esta actividad y el envío de un proyecto de ley para sancionar con mayores penas cuando ocurran ataques a vehículos de transporte con personas en su interior, entre otras medidas. Son pasos importantes, pero que deben ser acompañados por una agenda más audaz, que cuente con el compromiso de todas las fuerzas políticas.