Titanic



Por Vicente Hargous, asesor legislativo en Corporación Comunidad y Justicia

A estas alturas, no parece que se pueda hablar siquiera de buscar un poco de estabilidad o respaldo respecto del gobierno. La evidencia del desastre político está a la vista. Hay que reconocer que en sus inicios había una cierta unidad en torno a la figura del Presidente Piñera, respaldada por el capital político del 55% de las urnas, pero el carácter ficticio de esa unidad, más allá de la persona del Presidente, era algo obvio: falta de mística y épica, división en el sector de la derecha (incluyendo la variable sin resolver de la función que cumplirá el naciente Partido Republicano), ausencia total de relato político... La fragilidad salió a la luz durante la actual administración, con las sucesivas crisis que la han golpeado: en lo político y social primero, en lo sanitario y económico después. El buque ya no pasa de ser un frágil esquife… que se hunde inevitablemente.

Claramente, la administración de cosas es lo propio del gobierno, lo que explica que la crisis sanitaria y la económica estén -aparentemente- bajo control. El problema es el de las relaciones con las personas que, a fin de cuentas, es de lo que se trata la política. El Ejecutivo evidentemente busca quedar bien con todos, cosa que es imposible y que, unido a la falta de relato, pasa la cuenta. Al respecto, resultan muy llamativos los guiños a una izquierda progresista que lo odia y a una derecha liberal que ya está con él. Los ejemplos son muchos.

Resulta inexplicable que se haya vetado el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez (buque insignia del Presidente que viene a terminar con el Sename de una vez por todas), en aras de una defensa del derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos, y que a la vez ponga urgencia suma al proyecto de ley de Garantías de la Niñez. Este último, en efecto, presentado por la ex Presidenta Bachelet, ha sido altamente controversial por consagrar el derecho de los niños a una educación sexual integral laica y libre de prejuicios sexistas, el derecho de los niños de asistir a manifestaciones públicas sin permiso, una autonomía progresiva mal entendida y, sobre todo, un paradigma de familia en que los niños pasan a ser sujetos individuales autónomos y los padres potenciales opresores y violadores de sus derechos. La controversia fue tal que ningún senador de la UDI ni de RN votó a favor de la idea de legislar al respecto. En otras palabras: otro quiebre en uno de los momentos más delicados de nuestra historia reciente. ¿En qué está pensando el Ejecutivo? ¿No ve la contradicción entre el veto y esa suma urgencia?

Algo parecido ocurre con el proyecto de ley que modifica la ley contra la discriminación o “ley Zamudio”, frente al cual la actuación ha sido timorata y vacilante. Y lo mismo pasó con otros proyectos del “legado” de la ex Presidenta, como el de violencia contra la mujer y, sobre todo, con el de matrimonio homosexual (cuyo nivel de controversia no hace falta detallar). ¿Piensa acaso el Ejecutivo que le va a salir gratis en su sector prestarle ropa al lobby LGBT? No se trata solamente de un problema de fondo (que lo hay), sino que además es un error de táctica: dividir sin necesidad en el momento en que más unidad se requiere (unidad que, hasta que no cambie nuestro régimen constitucional, está encarnada en la figura de la Presidencia de la República).

Guste o no, la variable de la moral pública sigue siendo políticamente relevante y, hasta cierto punto (aunque cualquiera reconoce que su influencia es muy inferior a la que tenía hace algunos años), sigue siendo un criterio de diferenciación del espectro político. El mundo progre, aunque venda en Twitter, no siempre es el más popular (sobre todo dentro del sector que llevó al Presidente a gobernar). El Ejecutivo no tiene espaldas para maniobras díscolas, no hay agua en la piscina para piqueros como estos. Abrir más flancos, hacer más hoyos al casco de un buque que ya hace agua, solamente empeora la situación. Lo prudente, en pos de una mayor unidad, parece ser echar marcha atrás: quitarle la urgencia al proyecto de Garantías de la Niñez, desvincularse del proyecto de “Matrimonio” homosexual, oponerse con firmeza a las injusticias del proyecto de ley que modifica la “ley Zamudio”. No solo están en juego la defensa de los principios de su propio programa y de sus compromisos, no sólo está en juego el bien común (que debería ser el tema central), sino también el futuro de su propio sector de cara al debate constitucional.

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