Tolerancia y respeto a la ley

Ya en los albores de nuestra cultura occidental, los griegos comprendieron la importancia de respetar la ley. Sócrates, a pesar de considerar injusta su condena, no quiso huir para evadir la muerte (teniendo la posibilidad), justamente, para no violar la ley de Atenas y, con ello, en último término, destruir su ciudad. El filósofo jónico, Heráclito "el oscuro", por otra parte, señalaba que "el pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas". En 1945, horrorizado por los excesos a que conducen las ideologías totalitarias, el reconocido epistemólogo Sir Karl Popper escribió el clásico La sociedad abierta y sus enemigos, donde desarrolla la denominada "Paradoja de la tolerancia". Conforme ella, la tolerancia ilimitada conduce en definitiva a la desaparición de la tolerancia. Si una sociedad no está preparada para defender el valor de la tolerancia contra las tropelías de los intolerantes, el resultado es la destrucción de los tolerantes y, con ello, de la idea misma de tolerancia. Más contemporáneo, John Rawls, a propósito de esto mismo, habla de que los regímenes democráticos deben cultivar solo cierto grado de tolerancia. Agrega que toda sociedad tiene un derecho razonable a la supervivencia que, incluso, prima sobre la tolerancia. Por ello, debemos reclamar el derecho a no tolerar a los intolerantes. Se debe poner al margen de la ley a quien practique la violencia. La comunidad se debe defender de aquellas agresiones que amenazan su existencia misma y la seguridad o derechos de sus integrantes, mediante el uso de la fuerza socialmente organizada.

Así, solo cabe respaldar la decisión del Presidente Sebastián Piñera de presentar una serie de iniciativas vinculadas con el tema de la seguridad, para que sean debatidas en la instancia que corresponde, el Congreso. El orden público, quebrantado estos últimos días, a propósito de las protestas sociales desarrolladas en el país, es esencial para la convivencia y permite aquella cooperación que, entre otras cosas, produce la riqueza material que se pretende distribuir. El orden público es, a su vez, una de las ventajas del estado de derecho esto es, aquel en que la ley tiene preeminencia por sobre las voluntades individuales de la autoridad. La obligatoriedad de la ley, o su universalidad como diría Kant, nos hace a todos iguales solo en la medida que su mandato obligue a todos. Las autoridades de un estado de derecho moderno no pueden permanecer indiferentes ante la flagrante vulneración de la ley, cada vez que se cometen delitos. A propósito de ello, corresponde recurrir a las mismas instituciones contempladas en el ordenamiento jurídico para combatir dicha vulneración, que incluye diversas autoridades del Estado, con funciones diferentes en cada caso.

Se debe tener presente que, más allá de los avances legislativos alcanzados en este tema, resulta fundamental dotar a las fuerzas policiales de la autoridad suficiente para proceder en contra de aquellos que alteran de manera grave la convivencia, ocasionando, en el camino, daño a personas inocentes. En último término, justificada la intervención policial para restablecer el orden allí donde sea vulnerado, es un asunto práctico que la policía pueda controlar a aquellos sujetos que se busca detener, con el menor daño posible y presentarlos ante los tribunales. A su vez, éstos, a través de sus condenas o absoluciones, deben cerrar el ciclo legal contemplado para sancionar los delitos que se cometan. En la medida que ello no se pueda lograr en los hechos, toda justificación teórica respecto del uso de la fuerza resulta un ejercicio académico intrascendente atendidas las actuales circunstancias.