SEÑOR DIRECTOR

Hace bastante tiempo que la discusión pública aborda el tráfico de armas que se está dando en Chile. Pero el hallazgo de los fusiles automáticos en Iquique, el gran poder de fuego que poseen asociaciones ilícitas en La Araucanía y los arsenales que están en manos de narcotraficantes parecen ser objeto solo de condenas y querellas contra quienes resulten responsables de estos graves delitos.

Frente a esto, muchos actores hoy promueven restringir al máximo posible a los civiles, honestos y respetuosos de la ley, la adquisición y tenencia de armas bajo el pretexto que, gran parte del armamento que poseen los delincuentes provienen de robos a hogares cuyos miembros poseen armas para su defensa personal. Pero tal argumento es erróneo por dos motivos: el primero es que la ley no permite la comercialización de armamento automático ni de grandes calibres, por ello los chilenos no tienen cómo adquirirlos; en segundo lugar, el solo hecho que exista tráfico de armas en la frontera demuestra que prohibir la adquisición y tenencia de armas, regulada por ley, no tendría el efecto esperado.

Las medidas que se adopten deben ser en miras de desarmar a los delincuentes, y no a los chilenos que temen por su integridad y la de sus familias.

Agustín Soto