Twitter y Trump: el debut de las Big Tech en política

A photo illustration shows the suspended Twitter account of U.S. President Donald Trump on a smartphone at the White House briefing room in Washington, U.S., January 8, 2021. REUTERS/Joshua Roberts/Illustration



Esta semana, corporaciones, no la ley o el gobierno, dictaron y sancionaron acciones relativas a la libertad de expresión. Todos nos enteramos de cómo Twitter y Facebook bloquearon, al presidente de Estados Unidos por su incitación a la violencia a través de estas plataformas. Después de cuatro años de gobierno, la gota que rebasó el vaso cayó el miércoles pasado, cuando cientos de adherentes de Donald Trump asaltaron el Capitolio.

Avanzando un paso más allá, Apple y Google entraron al juego pisando fuerte: retiraron de sus tiendas online a Parler, la aplicación más descargada de la semana pasada, donde miles de seguidores de Trump encontraron un espacio para continuar enzarzando discursos de odio. El golpe de gracia lo dio al día siguiente Amazon, dando 24 horas a Parler para encontrar un nuevo proveedor de servidores. En menos de un fin de semana la red social alternativa perdió sus principales canales de venta y su principal proveedor tecnológico.

Dejando de lado la arista donde estas plataformas tienen la posibilidad de destruir un potencial competidor en horas, el tema de fondo es cómo fueron las Big Tech, no el Congreso, las que legislaron de facto con lo que se puede decir o no. Esto evidencia el enorme poder de tienen, y cómo frente a la lentitud las instituciones públicas, ellas actúan, pues al igual que en el mundo político, las empresas también son juzgadas por la opinión pública y sus stakeholders.

Karl Popper describió cómo la tolerancia sin límites nos llevaría a la intolerancia. Esta paradoja nos recuerda que el límite de la libertad de expresión está en la incitación al odio y la violencia. Sin embargo, durante más de cuatro años se sostuvo un debate en torno a las mentiras e incitaciones por parte del líder del partido republicano, pero solo se actuó cuando era demasiado tarde. Peor aún, no actuó el gobierno, ni la Corte Suprema, ni algún otro órgano público. Fueron las empresas las que tomaron en sus manos el acto de dictar los límites de un asunto eminentemente político.

Las corporaciones más grandes del mundo, siendo juez y parte, actuando en nombre del bien común, reemplazaron el aparato democrático. En un país donde la Corte Suprema ha refutado cada intento de limitar la libertad de expresión, esto se resolvió por secretaría. No es una crítica al capitalismo, sino una constatación de hechos. Convencido de que un capitalismo inclusivo es clave para la prosperidad de la sociedad, es esencial entender el rol de las empresas hoy.

Es interesante cómo las empresas toman una postura política y buscan que, tanto sus clientes como proveedores, estén alineados. Puede que esto sea algo positivo o no, está por verse. Es sin duda una evolución determinante en nuestro equilibrio político-económico. Un nuevo paradigma que empieza a tomar forma. Uno donde al parecer la pregunta será, si estas decisiones que esperamos tomar en sociedad, se harán a través de las urnas o de nuestras decisiones de compra. ¿Votaremos o compraremos por la sociedad que queremos?

*Tomás Sánchez es investigador asociado de Horizontal y autor de Public Inc.

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