Un abrupto y costoso feriado

Si bien existía pleno consenso sobre la necesidad de establecer un día feriado para conmemorar a los pueblos originarios, la forma atolondrada con que ello se hizo realidad la semana pasada -legislando en forma apresurada, y sin tomar en cuenta los múltiples trastornos que provocaría instaurar un día libre que no hubo tiempo de anticipar- ha dejado definitivamente un mal sabor.

La intención original del Ejecutivo -recogiendo en su propio proyecto de ley mociones parlamentarias presentadas en la misma dirección- era establecer como feriado el 24 de junio, en que se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, pero a cambio eliminando el asueto del 29 de junio (festividad de San Pedro y San Pablo). A lo largo de la discusión parlamentaria, finalmente se acordó a través de una comisión mixta mantener el 24 de junio como feriado, pero en cambio derogar el asueto del 12 de octubre (“encuentro de dos mundos”).

El Ejecutivo entonces postuló que se pudo apreciar que el sentir general ya no era amarrarse a una fecha determinada, sino que el día de los pueblos originarios coincidiera con el solsticio de invierno. Propuso dejar como feriado dicho solsticio, manteniendo el 12 de octubre. Pero al advertir que el solsticio caía este año domingo, por esta vez se traspasó el feriado a este lunes 21, ley que recién se publicó el sábado pasado. Con ello, el país tendrá dos fines de semana largos consecutivos, pues también se mantuvo San Pedro y San Pablo. Este proceder desde ya va en contra de lo que se había hecho anteriormente, que era correr hacia el inicio o el fin de la semana ciertos feriados para así evitar mayores costos por los “días sándwich”; pero en este caso, cayendo un fin de semana, se optó por trasladar al lunes.

Es evidente que tanto el Ejecutivo como el Congreso han sido irresponsables en legislar de esta forma. Por de pronto, no se consideró que un feriado sin aviso y en medio de una cuarentena general acarrearía múltiples costos para la sociedad. Miles de consultas médicas, tratamientos oncológicos y de otra índole tuvieron que ser reprogramados o se cancelaron; lo mismo ocurrió con un sinfín de trámites ante el Registro Civil o tribunales. El costo económico de este abrupto feriado podría superar los US$ 120 millones, un lujo que el país no está en condiciones de soportar. Tampoco se ha ofrecido una explicación convincente de por qué el feriado de los pueblos indígenas no podría haber comenzado a regir a contar del próximo año, sin perjuicio de que la conmemoración hubiera comenzado desde ya.

A la luz de esta experiencia se hace indispensable revisar los criterios con que se establecen los feriados, considerando que Chile ya figura entre los países con más feriados a nivel OCDE. Equivocadamente se ha naturalizado la noción de que la forma de conmemorar algo debe ser a través de un feriado. Esta figura es legítima, pero debe usarse para casos muy especiales -los pueblos indígenas sin duda es uno de ellos-, y no como un recurso populista, como parece estar haciéndose costumbre. Por otra parte, el Ejecutivo, al trasladar el feriado indígena desde el domingo al lunes, aun cuando ello fuese solo por esta vez, además de validar la noción de que un fin de semana pareciera no ser apto para conmemorar, también provoca como efecto que el feriado deje de asociarse a una conmemoración, y pase a ser simplemente un día libre.