La tramitación de la propuesta de Pensión Garantizada Universal (PGU) ha dejado en evidencia una fijación con aumentar la carga tributaria a los “súper ricos”, o gravar consumos que se les asocian, más allá de su contribución real al financiamiento y de la limitación que este sesgo representa para el diseño de buenas políticas. Es de esperar que estas pulsiones sean superadas en la fututa gestión de Mario Marcel y los equipos entrantes, en cuya racionalidad se confía para impulsar políticas conducentes. Por ahora, la sustentabilidad de la PGU se mantiene con diagnóstico reservado.
El actual Pilar Solidario cubre una fracción menor de los mayores de 65 años, condiciona sus beneficios a estar retirado y a los montos de la pensión autofinanciada y, con esas restricciones, otorga apoyos inferiores a los propuestos por la PGU. Una PGU más generosa, otorgada sin condiciones a quienes están en el 80% de menos ingresos en la población (y, con deducciones, hasta el 90% más pobre), representaba entonces una fórmula adecuada para incorporar como beneficiarios a aquellos mayores de 65 años, de clase media, sin suficiente ahorro previsional durante su vida activa que, sin cabida en el actual Pilar Solidario, se mantenían en condiciones económicas muy desmedradas en su vejez, y que estaban siendo presentados (incorrectamente) como evidencia de una grave falla del sistema de capitalización individual.
En cuanto a la propuesta oficial de reforma previsional más integral, la “Ley Larga” -que pretendía aumentar la tasa de cotizaciones para vejez, ajustándola a los cambios demográficos ocurridos, buscando mantener el 100% de las cotizaciones como aporte a las cuentas individuales -fue desvirtuada en la Cámara de Diputados, que introdujo impuestos al trabajo al aprobar una versión que distribuía las nuevas cotizaciones entre mayor capitalización individual y subsidios a pensiones de terceros. Tras eso, nunca salió de la Comisión de Trabajo del Senado.
Parecía apropiado, entonces, cuando las dos candidaturas presidenciales finalistas consideraban una pensión básica universal, que el Gobierno presentase su propio proyecto de PGU, al que propuso destinar la recaudación equivalente a 0,5% del PIB que tenía reservada para las iniciativas previsionales anteriores. De prosperar, se habría resuelto el problema de abandono a mayores de clase media sin acceso al Pilar Solidario y se habría consolidado un espacio para el fortalecimiento de un sistema sano de capitalización individual, sin impuestos al trabajo y capaz de apoyar el crecimiento del país con mayor ahorro.
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El contexto en que la iniciativa ha avanzado, sin embargo, es diferente al que le otorgaba su valor.
Lo primero es que la candidatura triunfante sigue postulando, al mismo tiempo que una pensión básica universal, un pilar contributivo para alimentar un sistema mixto, con capitalización individual y también fuertes impuestos al trabajo. Por cierto, si el apoyo a pensionados de “clase media” que no cotizan lo suficiente va a hacerse con recursos extraídos de los cotizantes activos, deja de tener sentido una PGU definida para el mismo propósito.
Luego, sabemos que, por tratarse de beneficios para mayores de 65 años, que en las próximas tres décadas van a duplicar su peso en la población, el proyecto va a ir encareciéndose durante esa transición. Salvo, entonces, que el país crezca a buen ritmo, el tiempo determinará beneficios de la PGU estancados o decayendo en términos reales, o aumentos en las tasas de impuestos para financiarla. Y ese buen desempeño en crecimiento para hacer viable la PGU, que depende de buenas políticas, está hoy en duda cuando la primera reacción por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados fue introducir -de manera inconstitucional- financiamiento adicional a través de un impuesto a los “súper ricos”, el cual fue rechazado en la Comisión de Hacienda del Senado. El Ejecutivo, acertadamente, también se opone a este tributo, pero ha cometido un grave error al considerar como alternativa un impuesto al consumo suntuario, por cuanto si bien no tiene el mismo impacto negativo sobre la inversión, desde luego al enumerar explícitamente que se incluirán helicópteros, aviones, yates o autos de alto valor solo contribuye a alimentar un clima de inconveniente odiosidad y estigmatización, además de validar la falsa visión según la cual la mera redistribución de ingresos es una alternativa al crecimiento.
No es obvio que existan hoy las condiciones para una puesta en marcha sustentable de la PGU. La universalización exitosa de políticas sociales que esta representa supone una racionalidad y mirada de largo plazo que hasta ahora no se han impuesto en la discusión. Si en definitiva el costo a pagar por la PGU -que en sí misma constituye un avance social importante- supondrá distorsionar severamente la lógica del sistema tributario e iniciar una escalada de mayores impuestos, cabe preguntarse si no sería más razonable dejar esta discusión para otro momento, en que los pros y contra puedan analizarse más desapasionadamente.
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