Chile ha construido buena parte de su Estado sumando pisos, pero casi nunca remodelando la casa. Cada nueva necesidad pública ha tendido a traducirse en un nuevo servicio, subsecretaría o ministerio, mientras las estructuras anteriores permanecen. El resultado es un aparato estatal que se vuelve cada vez más difícil de reorganizar. La nueva Comisión de Arquitectura del Estado abre una oportunidad para abordar ese problema: cómo dotar al Estado de la flexibilidad necesaria para adaptarse cuando cambian las necesidades del país.

La discusión no debiera reducirse, por tanto, a cuántos ministerios tiene Chile ni a cuál sería el número óptimo. El problema es más profundo: las sociedades cambian, aparecen nuevas prioridades, otras pierden relevancia; sin embargo, la estructura del Estado chileno tiene enormes dificultades para acompañar esas transformaciones. Las necesidades públicas evolucionan mucho más rápido que la institucionalidad diseñada para responder a ellas.

Existe aquí una paradoja. Chile tiene un régimen fuertemente presidencial, pero el Presidente dispone de márgenes bastante estrechos para reorganizar la administración que debe conducir. Si una estructura deja de responder adecuadamente a las necesidades públicas, modificarla puede exigir cambios legales y una tramitación en el Congreso, incluso cuando no se pretende crear nuevas funciones ni aumentar el gasto, sino simplemente organizar de mejor manera las capacidades existentes.

Para enfrentar este problema conviene distinguir dos dimensiones de la flexibilidad institucional. La primera es externa: la posibilidad de revisar la división y dependencia de ministerios, servicios y otras agencias públicas, pudiendo coordinarlos, fusionarlos o eventualmente suprimirlos. La segunda es interna: la capacidad de adecuar la organización dentro de esas instituciones —sus divisiones, departamentos y unidades— cuando cambian sus tareas o la manera más eficiente de realizarlas. Hoy tenemos poca flexibilidad en ambas.

Una expresión de esto son los llamados “biministros”. Nuestro ordenamiento permite que una misma persona encabece simultáneamente dos carteras, pero siguen existiendo dos estructuras administrativas diferentes, con sus respectivas subsecretarías, divisiones y servicios. Hemos encontrado una fórmula para coordinar desde arriba, sin modificar necesariamente la organización que existe debajo.

Esto no significa que la flexibilidad deba convertirse en discrecionalidad. Las instituciones requieren estabilidad; las políticas de Estado necesitan continuidad; los derechos de los funcionarios deben ser resguardados; y determinadas funciones no pueden quedar sometidas al arbitrio del gobierno de turno. Pero entre la arbitrariedad y la petrificación institucional existe un espacio que Chile todavía no ha sabido ocupar.

La experiencia comparada muestra que existen alternativas. Una de ellas es establecer una ventana acotada al comienzo de cada período presidencial para que, bajo condiciones y límites previamente definidos y con autorización del Congreso, el Ejecutivo pueda adecuar la organización del Estado para responder mejor a las prioridades del nuevo período.

La nueva comisión tiene una oportunidad que va bastante más allá de dibujar un nuevo organigrama: puede ayudar a construir reglas que permitan que ese organigrama evolucione en el tiempo. Porque si durante décadas hemos respondido a cada nueva necesidad agregando un piso a la casa, llegó el momento de preguntarnos cómo hacemos posible remodelarla cuando deja de responder a quienes viven en ella.

Por Ignacio Irarrázaval, Centro de Políticas Públicas UC