A muchos nos dejó un sabor amargo el fracaso en la nominación de Dobra Lusic para la Corte Suprema. Méritos no le faltaban a esa mujer de dilatada trayectoria en la judicatura, que se hizo conocida por su decidido empeño por avanzar en hacer justicia en las causas de derechos humanos. Por otra parte, a los factores que se hicieron públicos y que llevaron a que no llegara a integrar nuestro máximo tribunal, se suman otros menos claros: ajustes de cuentas partidistas, oportunismo e incluso frivolidad.

Tanto han cambiado los tiempos y las sensibilidades, que hoy exigimos transparencia en la actuación de todos los poderes del Estado. En el Poder Judicial, como sucede también en el resto de nuestra sociedad, hay prácticas que estaban normalizadas, pero que hoy no resultan aceptables. La ciudadanía se ha vuelto más exigente y esa puede ser una buena noticia para la salud de nuestra democracia. ¿No se trata aquí de seleccionar personas que dedicarán sus mejores esfuerzos a un servicio público?

Parece evidente que no existe un sistema perfecto para nominar a los jueces. Y cuanta mayor sea su importancia, más se acrecientan las posibilidades de desacuerdo. Baste con pensar en las nominaciones para la Corte Suprema norteamericana, que inevitablemente han ido acompañadas de agrias polémicas en las últimas décadas.

Las personas y los medios tienen derecho a ejercer su libertad de expresión a través de la crítica, y ello es propio de la libertad de expresión y de prensa, la que debe informar responsablemente. Por su parte, las autoridades deben saber que están sujetas a un constante escrutinio público, y actuar en consecuencia.

El sistema chileno parece muy razonable. La Corte Suprema elabora una quina, el Presidente de la República nomina una persona dentro de ella y el Senado aprueba o deniega la propuesta presidencial. No resulta sensato que, por las presentes dificultades, se piense en modificarlo. Más que cambiar las reglas del juego, hay que desterrar las malas prácticas que pueden terminar por arruinarlo. El esquema actual está bien, siempre que cada poder del Estado realice a conciencia la tarea que le corresponde.

¿Cómo la Corte Suprema no realizó una evaluación más cuidadosa de los antecedentes de todos los candidatos de la quina? ¿Qué ocurrió con los asesores presidenciales, de modo que el Presidente tomara finalmente una decisión poco acertada? Tampoco los parlamentarios lo hicieron mejor. Cuando escuchamos sus opiniones, no parece que hayan estado excesivamente preocupados por contribuir a que Chile tenga la mejor judicatura que sea posible.

La lección que nos deja este ingrato episodio es que aquí todos los actores fallaron.