Por Guido Crino, presidente de FIDE
La próxima elección de constituyentes abrió nuevamente el debate confrontando la educación particular y pública. Se continúa insistiendo en temas ya resueltos por la legislación como el fin del lucro, la selección y el copago, y en que es necesario favorecer a la educación pública bajo el supuesto de su superioridad, porque “es la única capaz de garantizar ciudadanía y que así es en todas partes del mundo” (C. Bellei), por lo que merece un mejor trato económico y concesiones que la privilegien sobre la educación particular.
El dilema no es si debemos tener una educación pública privilegiada y una educación particular desfavorecida o terminar con ella, sino acordar la forma de entregar educación de calidad para todos, sin exclusiones. Andreas Schleicher, experto OCDE, el 2014 dijo en Chile que “no es tan importante si el sistema educativo es público o privado, lo que se necesita es un sistema coherente que lleve la educación a todos”.
La educación de calidad se ha vuelto un problema muy difícil de resolver en países subdesarrollados. En el nuestro se han intentado reformas, sin resultados. Nuestro problema, entonces, se circunscribe a otro mayor. No solo hay que entregar educación de calidad para todos, de suyo complejo y difícil, sino entregarla en un país con recursos escasos y a una población escolar heterogénea y profundamente desigual. No es lo mismo realizar el servicio educacional en las comunas periféricas del sur y poniente de la Región Metropolitana que hacerlo en las comunas de la cota mil de la zona oriente, y también, por supuesto, los resultados no son los mismos.
La enseñanza que dejan las experiencias de reformas es que no se puede apostar por solo una forma de provisión de la educación, ni tampoco mantener un sistema de provisión mixta particular y público, pero privilegiando al público en la entrega de recursos por parte del Estado.
La libertad de enseñanza es condición necesaria e indispensable para mantener una provisión mixta pública y privada que nos permita atender educativamente la diversidad étnica y cultural de nuestra sociedad. Nuestro desafío histórico es trabajar para contar con un sistema educacional que garantice un servicio educacional de calidad para todas y todos los estudiantes, sin exclusiones.
El debate constitucional por la educación está mal planteado. Es una falsa discusión, polarizada, sin sentido e irrelevante, porque no ayuda a centrarse en cómo promover diversas formas posibles de provisión de la educación en igualdad de condiciones: educación pública y particular y formas mixtas, como administración delegada, que puedan entregar experiencias valiosas, trabajando en redes de colaboración, y no de competencias, en la búsqueda de la difícil meta de la calidad.
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