SEÑOR DIRECTOR

Hace días ingresó a la Convención Constitucional la Iniciativa popular de norma constitucional Nº18666 “Derecho a un Mínimo Vital. Por la constitucionalización de una Renta Básica Universal (RBU)”, que busca establecer una transferencia monetaria universal, individual e incondicional, no ligada a condiciones de pobreza o empleo. Establecer este derecho sería un paso revolucionario y concretaría una idea que lleva décadas generando un rico debate económico y político en el mundo entero como herramienta de emancipación y profundización de los derechos sociales.

Esta propuesta ha tenido múltiples pilotos que muestran sus beneficiosos impactos, que van más allá de una simple reducción de la pobreza y la desigualdad. Los efectos sinérgicos positivos están instalando esta propuesta en campañas presidenciales y gobiernos locales en todo el mundo: en Corea del Sur, por ejemplo, una candidatura está proponiendo implementar una RBU partiendo por grupos como la infancia, tercera edad o personas que habitan zonas rurales. La propuesta incluye cambios en la estructura tributaria del país para hacer esta propuesta viable. A su vez, la Generalitat de Cataluña comenzará a fines de este año un piloto de RBU, como un paso para implementar esta política a nivel general.

Estas y otras propuestas reconocen que implementar una RBU es un desafío, sobre todo a nivel de gasto, pero también entienden que los beneficios de esta medida sobrepasan con creces su costo monetario, con mejoras, por ejemplo, en salud mental o más espacio para cuidados.

Gabriela Cabaña

Red Chilena de Ingreso Básico