SEÑOR DIRECTOR
El 4 de octubre la Convención despachó el Reglamento de Participación y Consulta Indígena. Si bien éste sienta bases sólidas para que el proceso constituyente avance en el reconocimiento definitivo de los pueblos originarios, su proceso de aprobación llena de opacidad el trabajo de dicho órgano y va en contra de los principios democráticos de deliberación y participación.
¿Qué pasó? Luego de que la subcomisión provisoria entregara su trabajo al pleno, un grupo de 81 constituyentes presentó una indicación de 25 artículos, la que impedía que el resto de los convencionales pudiera presentar indicaciones. A pesar de que el vicepresidente Bassa validó públicamente los argumentos en contra de este proceder y de que la presidenta Loncón suspendiera la sesión, esta terminó por aprobarse.
Con este “truco jurídico” -como lo llamaron algunos convencionales- se presentó un nuevo reglamento como una sola indicación sustitutiva, saltándose el procedimiento ya establecido y mandando al tacho de basura todo el trabajo de la subcomisión, incluidas las audiencias. ¿Lo más lamentable? No fue un error procedimental y se actuó en contra de principios aprobados en el resto de los reglamentos, como la transparencia, el pluralismo, la participación y la deliberación informada.
Para quienes creemos y hemos defendido la necesidad del proceso constituyente como salida institucional a la crisis política del país, el proceder descrito siembra un manto de dudas sobre el real compromiso de la Convención con la deliberación para que la nueva Constitución sea “la casa de todos”. Al final, lo que permitirá a la Convención tener éxito en su desafío, es propiciar en todo momento espacios de deliberación donde haya cabida para todos los convencionales y para la ciudadanía.
Juan José Obach
Director Ejecutivo de Horizontal
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