Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
El domingo pasado, la conductora del noticiario central de T13 abrió el espacio con la que llamó la noticia más importante: Ciper Chile informó que en la compra que el año 2010 Carlos Alberto Délano hizo a otros socios de la Minera Dominga, entre ellos la familia Piñera Morel, una cuota de pago se devengaba solo si el sector de la mina no se declaraba zona de exclusión. Esta última decisión, se dijo, dependía del primer gobierno de Piñera. T13 se apresuró a consultar la opinión de los candidatos presidenciales sobre estos hechos, consignando sus respuestas.
Ante la amplia cobertura que tuvo esta “noticia” y el anuncio de que se estudiaría una acusación constitucional contra el Presidente de la República, el propio Piñera hizo declaraciones. Aclaró que los hechos mencionados en el reportaje no eran nuevos; fueron conocidos y publicados por medios de comunicación el año 2017 e investigados por la Fiscalía y los tribunales, que determinaron que la venta se ajustaba a derecho y no existía delito. Así, se resolvió y ratificó por fallos unánimes en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema la inocencia de Piñera.
En esa ocasión, tres medios realizaron preguntas. La periodista de T13 afirmó que la cláusula que establecía el pago condicionado de parte del precio a la no declaración de zona de exclusión no era conocida anteriormente. El Presidente Piñera debió rectificarla, señalando que la cláusula sí era conocida por la Fiscalía y los tribunales y había sido difundida públicamente el año 2017, ofreciéndose incluso a enviarle los recortes que lo acreditaban.
Ciper actualizó su reportaje el lunes, señalando que la cláusula era conocida y fue parte del proceso judicial, contrariamente a lo que había informado el día antes. Pero la piedra ya estaba lanzada, el domingo es clave para marcar la pauta semanal y hemos tenido a matinales y noticiarios hablando profusamente del tema. Diputados de oposición anuncian la presentación de una acusación constitucional para destituir al Presidente. Nadie pregunta por qué durante todo el mandato de Michelle Bachelet la declaración de zona de exclusión no se produjo.
Producto de una de esas “filtraciones” a que la izquierda enquistada en el Ministerio Público nos tiene acostumbrados, se intentó insistir en que la cláusula no era conocida y se abrió una investigación penal contra el Presidente. La respuesta del abogado del Mandatario dejó claro que si alguien debía ser objeto de investigación eran los profesionales de la Fiscalía. Es bueno consignar que así se está haciendo política en el Chile de hoy: la verdad no importa y lo único que vale es obtener ventajas políticas, cualquiera sea el costo para el país.
La operación para despojar del poder al gobierno legítimo que se iniciara en octubre de 2019 sigue adelante, con costos cada vez mayores para Chile.
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