Por Pía Greene, Libertad y Desarrollo
Ante los hechos ocurridos en diciembre, cuando en una semana dos balaceras en lugares de alta afluencia en Maipú dejaron tres fallecidos y seis heridos, se ha vuelto a levantar el debate sobre la instalación del crimen organizado en nuestro país, principalmente relacionado al narcotráfico, y cómo combatirlo.
Y en esta materia el gobierno no se ha quedado de brazos cruzados. Entre otras medidas administrativas, se crearon centros interinstitucionales de fusión de información en las macrozonas Norte, Centro y Sur, se entregó el apoyo de las Fuerzas Armadas, a las policías con equipos y transporte para fortalecer el control fronterizo contra el narcotráfico y se desarrolló el Programa Barrios Prioritarios. También en el área legislativa ha intentado impulsar una nutrida agenda para combatir el crimen organizado desde sus diferentes flancos: fortalecer y modernizar el sistema de Inteligencia del Estado, modificar la Ley 20.000 con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, actualizar la legislación sobre control de armas considerando el aumento del uso de armas en la comisión de estos delitos; ninguno de los cuales ha sido aprobado. Asimismo, ha presentado proyectos que buscan entregar técnicas especiales para la investigación de delitos vinculados a la delincuencia organizada, como para la persecución de delitos terroristas, iniciativa que aún se encuentra en primer trámite en el Senado, o el proyecto de ley que buscaba fortalecer la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza, que finalmente fue rechazado en el Congreso. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para detener el alza de los delitos y el creciente temor de la población frente a ellos.
En este contexto, el pasado 27 de diciembre, el Presidente de la República firmó un proyecto de ley que se enfoca directamente en combatir el crimen organizado. Actualmente en Chile estas conductas se sancionan bajo la figura de asociación ilícita, la que por la amplitud en que se encuentra consagrada ha sido delimitada al cumplimiento de requisitos muy específicos que no se relacionan necesariamente a la forma en que hoy se constituyen estas organizaciones. El proyecto moderniza la figura del delito a través de la creación de un delito de asociación delictiva y uno de asociación criminal; introduce incentivos a la denuncia por parte de sus miembros y facilita el uso de técnicas especiales para su investigación, siendo lo relevante la criminalidad organizada y no el delito específico al que dedican su actividad.
Siendo estas iniciativas importantes, y aún más su responsable y ágil tramitación dentro del Congreso, es indispensable que se diseñe una política de Estado, que sea transversal y considere un diagnóstico actualizado de la situación, priorice el combate contra ciertos delitos con foco territorial de acuerdo a la realidad específica del lugar donde se concentren, que tenga objetivos claros y evaluables y se nutra de la experiencia comparada. Asimismo, se debe potenciar y fortalecer la articulación interinstitucional de diversos sectores dentro del Estado que aportan en la prevención, control y persecución de los delitos, que incluya la participación de actores de sectores diversos, como el mundo privado, la sociedad civil y la comunidad internacional y con la flexibilidad suficiente para adaptarse a la rápida mutación del crimen organizado a las nuevas estrategias para derrotarla.
De este modo, es necesario no solo el compromiso del Congreso para sacar adelante toda la agenda legislativa pendiente dando coherencia y una mirada global al combate al crimen organizado, sino también que se instale una visión técnica y una política integral como Estado para enfrentarlo y abordarlo en profundidad, con una dirección, coherencia y vocación de largo plazo.
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