Una segunda vuelta sin mipymes

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Por Marcos Rivas, presidente Asech

En esta segunda vuelta los candidatos que van al balotaje deben realizar un nuevo planteamiento de cara a la ciudadanía. Y en esa línea es que desde la Asech creemos que ninguno, ni José Antonio Kast del Frente Social Cristiano, ni Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, tienen en sus programas medidas que ataquen el corazón del problema pyme. No hay un diagnóstico y, por tanto, nos preocupa que no tienen en mente los problemas reales de los emprendedores y las pymes.

El gran problema de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyme) es su caída en el aporte al PIB, el que hoy no llega al 10%, mientras que previo a la pandemia era de 14,3%, lo que refleja el impacto de las crisis social y económica. Y en ese análisis no debemos olvidar que entregamos el 50% del empleo.

Tras el estallido social y la pandemia las pymes están extremadamente endeudadas y golpeadas y muchas no logran retomar niveles prepandémicos de venta. Según nuestros cálculos, entre el 50% y 60% de los emprendedores han sido afectados por la pandemia y las políticas públicas que más se ocuparon de esta realidad fueron los retiros del 10% y los bonos. Y eso no está bien, porque no se puede seguir usando ahorros de la vejez para pagar deudas de la empresa.

Cuáles son nuestras demandas. Primero, que se modifique la Ley de Fogape y que se generen indicaciones para que los bancos permitan el refinanciamiento con al menos un año de gracia y extender las garantías del Fogape a 12 años, para dar oxígeno a las pymes y emprendedores. Segundo, urgencia a la modificación al proyecto de Ley de Insolvencia y Reemprendimiento para que tenga un ítem pyme. Hoy hay muchas empresas que no pueden acogerse porque el costo en gastos legales es muy elevado. Proponemos un período extraordinario hasta el 31 de diciembre de 2022 con un gasto legal con cargo al Estado y crear un Fondo de Garantía del Emprendedor (Fogade), administrado por Banco Estado, que esté enfocado en las empresas que no tienen opción de crédito.

Abogamos porque el próximo gobierno tenga una visión de Estado que entienda que la reactivación y crecimiento del país pasa por las mipymes. Por esto es fundamental modificar el Estatuto PYME y reclasificar las empresas, porque hoy una gran empresa es una que factura cerca de $3 mil millones al año, y en ninguna parte del mundo desarrollado una empresa que facture esa cantidad es considerada grande, porque pierde apoyo del Estado. Luego de esta reclasificación, solicitamos que las empresas que tienen menos de cinco años de vida no paguen impuesto a la renta, IVA, ni patente. Finalmente, tenemos que hacer un esfuerzo público-privado para que a las pymes se les pague a 30 días y que las grandes empresas y el Estado generen programas de desarrollo de proveedores pyme para que junto a las mipymes tengan mayor presencia en las compras públicas.

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