SEÑOR DIRECTOR:

No cabe duda que las causas que estuvieron en la base del estallido social siguen siendo problemas dolientes que esperan por respuestas. Las élites buscaron encauzar dicha energía a través de un proceso constituyente que les permitiera ganar tiempo. La respuesta a la crisis política y social corrió por cuenta del llamado “noviembrismo” y se plasmó en el cambio de reglas vía proceso constituyente. Esta fue la válvula de escape que activó la élite del poder.

Luego de disipada la amenaza y del efecto devastador de la pandemia, nuestras dirigencias creyeron que lo peor había pasado. El fracaso del primer proceso constituyente y las dudas que este segundo pueda correr una suerte similar, sumado a una fatiga constitucional, han vuelto a traer a la discusión el débil procesamiento tecnopolítico de las demandas que movilizaron la revuelta.

Muchas de las respuestas a los problemas que gatillaron el 18-O deberían haberse expresado en políticas públicas. Trascurridos cuatro años, estas parecen no concretarse por falta de cooperación y consensos entre quienes toman decisiones, particularmente Ejecutivo y Congreso. La reforma de pensiones -pese a ser prioridad en las demandas de cambio durante el estallido- ha sido nuevamente postergada en su tramitación para después del plebiscito de diciembre. El fin de año, el verano y el receso legislativo probablemente lleven a retomar la discusión recién en marzo de 2024, en medio de un nuevo ciclo electoral, con un clima poco propicio para alcanzar acuerdos.

Este estilo de hacer política genera una bajísima credibilidad. La gente espera que los políticos le solucionen sus problemas, pero la política parece estar desenfocada de los problemas de la gente. Lo que observamos es una desacompasamiento entre la urgencia social y los tiempos de la política. No digamos después que “no lo vimos venir”, otra vez.

Marco Moreno Pérez

Académico Escuela de Gobierno U. Central