Vacunas sagradas

Por Carlos Meléndez, académico UDP y COES

En un mundo ideal, toda la población que habita un país (nacionales y residentes, “legales” e irregulares) esperan su turno para ser vacunados contra el Covid-19. Como la perfección absoluta no existe, un escenario aceptable es aquel en el que quienes se “saltan la fila” sean los menos posible, casi como parte de un error estadístico. En el otro extremo, en el de la perversión impune, están aquellos procesos de “vacunación VIP”: quien ostenta poder o posición privilegiada selecciona a los primeros beneficiados de tal inoculación. En la realidad, los países latinoamericanos se ubican en este continuo en el que, por ahora, Chile clasifica en los escenarios más aceptables, mientras que Perú y Argentina en los menos deseables. ¿A qué se debe esta variación?

Las situaciones de crisis impactan en el comportamiento de las personas. En el caso de los funcionarios públicos, se amplían los márgenes para conductas que desbordan los límites impuestos por sus funciones. El contexto de emergencia hace que los controles se relajen, que el debido proceso se relativice y que los criterios éticos encuentren justificaciones distintas al del bien público. Se impone el razonamiento del “sálvese quien pueda”, y en aquellas sociedades con mayores niveles de informalidad (con respecto al acatamiento de la norma), la arbitrariedad tiene mayores oportunidades de crecer.

Los casos de “vacunas VIP” de Perú y Argentina se parecen en lo esencial: un aprovechamiento inmoral de los fármacos anticovid por personajes en puestos claves que, haciendo uso de sus fueros, distribuyen las vacunas según preferencias personales. Pero, mientras que en Perú esta irregularidad fue gatillada por oportunistas ubicados en el Ministerio de Salud y los laboratorios universitarios donde se realizaban los ensayos, en Argentina parece haber habido mayor injerencia de parte de funcionarios del partido en el poder. Esto no es un dato menor, porque mientras el escándalo permite que en Perú las investigaciones procedan sin obstáculos políticos -sintonizando con la opinión pública indignada-, en Argentina el partido de gobierno blinda a los responsables. El propio Presidente argentino, Alberto Fernández, señaló que saltarse filas para vacunarse “no es delito”, luego de designar a la ex viceministra de la gestión, involucrada en el escándalo, como la nueva titular del ministerio.

En Chile, el caso de personas identificadas en tal errada conducta aparece como menor frente a los escándalos vecinos. El proceso de vacunación masiva -con más de tres millones que recibieron su primera dosis- es tomado como referente internacional, aunque no está exento de problemas. No obstante, éstos obedecen más a fallas de sincronización entre los gobiernos central y locales. Sin embargo, este éxito logístico, que devuelve confianza sobre las capacidades del Estado chileno, no parece implicar réditos políticos. Por ahora, pareciese que la evaluación al candidato de la coalición incumbente en noviembre próximo seguirá teniendo como principal referente al estallido del 2019.