El documento que han suscrito ocho excancilleres de la Concertación y la ex Nueva Mayoría, en la que se advierte sobre los graves efectos que tendría la revisión de los actuales acuerdos comerciales y de inversión -tal como lo han propuesto algunas candidaturas presidenciales, como por ejemplo la que encabeza Gabriel Boric-, constituye un valioso llamado de atención en el momento actual, cuando el país se encuentra tensionado por agrias disputas políticas y visiones muy contrapuestas sobre el futuro modelo de desarrollo.

El mérito de esta declaración pública no descansa solo en su pertinencia y oportunidad, sino también contiene una importante carga simbólica, considerando que en los tiempos actuales se han hecho cada vez más escasos los acuerdos políticos y las visiones de consenso. Sus firmantes, sin bien comparten el haber desempeñado funciones bajo los gobiernos de centroizquierda, entre ellos también hay visiones ideológicas diversas, lo que sin embargo no ha sido obstáculo para salir en defensa de aquellas políticas que van en el mejor interés del país.

En el documento se hace presente que “Chile ha basado su prestigio e influencia internacional en el cumplimiento irrestricto de los tratados y acuerdos internacionales. La ambigüedad deliberada con que se emplea el concepto de ‘revisión’ de esos tratados debilita gravemente la inserción internacional de Chile y, por qué no decirlo, su credibilidad ante la comunidad de naciones”. Los excancilleres también hacen notar su preocupación por el hecho de que en el Congreso “se promueven políticas públicas que desconocen compromisos suscritos libremente por diversos gobiernos, incluidos los de protección de inversiones, los que han sido ratificados en su momento por el Congreso Nacional, y que arriesgan arrastrar al país a una serie de litigios que solo contribuirían a debilitar las condiciones de participación de Chile en el sistema internacional”.

Es un hecho -tal como lo advierte el documento- que un eventual incumplimiento de los acuerdos ya ratificados puede traer consecuencias muy graves para el devenir del país, incrementando los niveles de incertidumbre. Chile de hecho ya enfrenta controversias jurídicas con compañías de seguros -que bien pueden escalar a un litigio internacional- a raíz de los expropiatorios cambios introducidos con motivo de los “retiros” en rentas vitalicias, en tanto que la reforma que tramita el Congreso para introducir un nuevo royalty a la minería también puede abrir un nuevo flanco de incertidumbre sobre el estatuto que rige a la inversión extranjera. Que además existan voces que pretendan poner en duda la validez de los tratados ya suscritos supone un riesgo mayor para la confiabilidad institucional, un capricho que el país no está en condiciones de soportar.

El proceso constituyente, así como el advenimiento de las elecciones presidenciales, probablemente traerán consigo cambios profundos en el actual modelo social y económico del país. Pero ello no puede ser utilizado como justificativo para desconocer políticas que han sido tratadas con visión de Estado a lo largo de gobiernos de distinto signo o trancar el proceso de integración al mundo, un sello que ha caracterizado nuestra política exterior. La reforma que habilitó el proceso constituyente, de hecho, impone como límite a la Convención que se deberán respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, norma que no distingue si se trata de materias sobre derechos humanos o de carácter comercial. Es inconveniente, por tanto, permitir que se siga especulando sobre el apego a lo ya suscrito, flanco que debería ser despejado cuanto antes.