Para enfrentar el déficit de viviendas, el Plan de Emergencia Habitacional propuso construir 260 mil viviendas en este gobierno. Sin embargo, detrás de esa cifra se esconde una fragilidad que amenaza sus logros: un déficit presupuestario que pone en jaque la continuidad del plan.

La Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) advirtió en el Senado que el Serviu Metropolitano enfrenta un faltante de $312 mil millones, equivalente al 32,3% de su presupuesto. No es una cifra menor: el desajuste ya está repercutiendo en el corazón de los programas habitacionales. Los subsidios DS49, DS19 y DS10 han disminuido comparativamente y los préstamos de enlace, anticipos de obras y adquisiciones de terrenos han visto retrasados sus pagos, lo que provoca paralizaciones y demoras en proyectos que ya habían sido adjudicados.

Las consecuencias son visibles. Entre enero y mayo de este año se iniciaron 5.780 viviendas menos que en el mismo período de 2024. Esa caída tiene un correlato social inmediato: alrededor de 17.340 empleos menos en el sector, en un momento en que la construcción atraviesa por un escenario complejo. Al mismo tiempo, casi 800 familias que ya cuentan con subsidio otorgado esperan aún la transferencia de los recursos para concretar sus viviendas. El mecanismo de financiamiento alternativo —el “confirming” con BancoEstado— ha permitido adelantar pagos parciales mediante factoring, pero con un costo adicional para las constructoras y sin cubrir todas las necesidades. Lejos de ser una solución estructural, opera como un paliativo insuficiente frente a la magnitud del problema.

El Ministerio de Vivienda destaca un 82% en cumplimiento de las metas del Plan, pero el cuello de botella financiero amenaza con frenar la recta final. La paradoja es evidente: se ha logrado avanzar en los primeros tres años, pero los recursos escasean justo cuando más se necesita acelerar para cumplir la meta en su totalidad. “El pago se concretará en cuanto se dispongan los recursos”, es lo que ha respondido el Serviu Metropolitano.

El riesgo no se limita al presente. Si no se asegura financiamiento para 2026 y 2027, el próximo gobierno no solo heredará metas incumplidas, sino también compromisos financieros sin respaldo, obras detenidas y familias que seguirán esperando. Será un escenario de altísima complejidad política y social: cumplir con nuevas promesas mientras se arrastran deudas y retrasos del ciclo anterior. La lección es clara. No basta con diseñar planes ambiciosos y levantar cifras de avances parciales. La política habitacional requiere un sustento presupuestario estable y suficiente, capaz de dar continuidad en el tiempo a una estrategia que, por definición, trasciende a un solo período de gobierno. Sin esa garantía, lo que hoy se llama Plan de Emergencia Habitacional corre el riesgo de transformarse en un listado de promesas incumplidas y en un problema aún mayor para quienes deban gobernar mañana. Y, más aún, para los chilenos que necesitan una casa.

Por Ricardo Abuauad, decano Campus Creativo UNAB y profesor de la UC