Recuerdo bien el debate que antecedió a la instalación en nuestro país del voto voluntario incorporado en nuestra Constitución en 2009, en el gobierno de Michelle Bachelet, e implementado en 2012 al establecer la inscripción automática y la voluntariedad del sufragio.

Hubo mucha discusión al respecto. ¿El voto es un derecho o un deber ciudadano? Se produjo un consenso en que ser ciudadano no era optativo y se determinó que lo sería al cumplirse 18 años. Pero predominó la idea de que votar sí era un derecho, entregado al discernimiento del elector. A mí me pareció una tesis correcta, coherente con una democracia liberal donde votar o no es una decisión personal. Además, desde una perspectiva política, tiene significado, pues la abstención constituye un mensaje a las autoridades y obliga a la política a motivar el interés en los asuntos públicos.

Sin embargo, ya en esos días, parlamentarios de izquierda y derecha empezaron a expresar sus dudas. Tal voluntariedad, argüían, restaría participación y debilitaría la representatividad, reduciría el compromiso social y limitaría la legitimidad democrática de las autoridades elegidas. No eran argumentos menores y la inquietud quedó sembrada.

Con el tiempo, la participación en los comicios resultó inferior al 50% de los inscritos, cuestionando su efectividad. Se generó así un clima de revisión de la norma constitucional, lo que finalmente se logró en 2022 al instituirse el sufragio obligatorio, precisando que la ley “fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber”.

Me guste o no, una inmensa mayoría se definió por imponer el voto obligatorio fundado en una legítima convicción democrática, no por mera conveniencia electoral, luego de experimentar otros caminos válidos, como en muchas democracias. Pero definida una línea, no cabe hacer trampa.

De ahí que haya resultado vergonzoso apreciar el debate reciente, mientras se discutía la ley que especificaba la multa consignada. Se buscaron todo tipo de vericuetos para evitarla, porque no resultaba provechoso para sus intereses. Finalmente, tales gestiones no prosperaron por la presión pública y el pudor de muchos. Se aprobó imponer una multa, pero con un resquicio: ¡solo a los chilenos! Lograron dejar huella de su irrespeto por la igualdad ante la ley entre nacionales y extranjeros, viejo principio jurídico incorporado en el Código Civil por Andrés Bello y que recoge nuestra Carta Política. Si se ha otorgado a los extranjeros el derecho a votar bajo ciertos requisitos, constituye una discriminación no aplicarle las mismas reglas al ejercicio del mismo. Se podrán revisar los requisitos que estos deberán cumplir para adquirirlo, mas es injusto establecer diferencias arbitrarias en su práctica.

¿Por qué tanto rechazo y desconfianza a la política? Por algo simple: lejos de consideraciones conceptuales, lo que ahí mueve la aguja parece ser solo lo que está dentro de su directo beneficio. Por ello, quienes piensan que no les favorece una regla, fingen sentimientos falsos y soslayan obrar como corresponde.

Por Hernán Larraín, abogado y profesor universitario