SEÑOR DIRECTOR

Avanza en el Senado una reforma constitucional que repone el voto obligatorio en Chile. Las razones para ello son contribuir a formar la voluntad de las instituciones representativas, asegurar la igualdad política (que disminuye con la abstención) y legitimar la democracia con un ejercicio de responsabilidad cívica.

Alguien podría decir: “El voto no es obligatorio; si yo voto blanco o nulo, eso se considera no emitido (Ley 18.700). Más bien, me obligan a concurrir a un local de votación y depositar mi papeleta en la urna. ¿Cómo eso fortalece la democracia? Un sistema de voto obligatorio sería el que me obliga a ir a un recinto electoral a marcar una referencia, supliendo mi voluntad si yo no lo hago. Por tanto, hay dos opciones: a) Libertad: que sea voluntario ir a un local de votación (Esto es un derecho). b) Deber cívico: que sea obligatorio marcar una preferencia, que será suplida si el elector vota en blanco (Esto es un deber)”.

Se podría responder a ello diciendo: las personas forzadas a ir a votar tienen libertad de votar blanco/nulo, pero no lo hacen. En efecto, los votos blancos/nulos en el sistema obligatorio en Chile no han superado el 14% (1989-2009): quien es obligado a concurrir a un recinto electoral, termina marcando una preferencia en vez de votar blanco/nulo. En cambio, con voto voluntario, la abstención en Chile ha superado el 50% (2013 y 2017). Por tanto, el voto blanco/nulo no coincide con la abstención, lo que debería ocurrir si la dicotomía fuera libertad versus deber.

La pregunta relevante no es voto obligatorio/voluntario, sino cuáles son las condiciones del sistema político y cómo ellas inciden en el ejercicio del sufragio. ¿Por qué algunos electores pueden sentirse obligados a marcar una preferencia? ¿Acaso los partidos no ofrecen buenas alternativas? Los electores ¿son “clientes cautivos” de los partidos políticos? Además, cada voto emitido implica dinero fiscal para los candidatos. ¿Es esto un incentivo que distorsiona la relación entre partidos y electores? Algunos sugieren que el voto obligatorio esté asociado a mecanismos de democracia directa, conectando mayores espacios de participación con mayores deberes (F. Soto, 2018). Eso no ocurre en la actual Constitución y está por verse si la futura Carta Fundamental contendrá mecanismos de democracia participativa que contribuyan a fortalecer la legitimidad del régimen político.

Rodolfo Figueroa

Académico Facultad de Derecho UDP