Una mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal trabaja y paga impuestos. Pero no puede vender el auto que compró antes de casarse, a menos que le pida la firma a su marido. Si quiere emprender y necesita un crédito, muy probablemente deberá pedirle la firma de nuevo, aunque el negocio solo sea de ella. Si heredó un departamento de su madre, no puede arrendarlo por más de dos años sin el consentimiento de él. Y si decide usar esa propiedad como garantía para un préstamo, por ejemplo, tendrá que –de nuevo– pedirle permiso, aunque el departamento sea solo suyo. En la práctica, sigue necesitando una suerte de tutor legal.

Esa es la situación de quienes están casadas bajo este régimen creado hace 170 años –en el Código Civil de 1855– que, por cierto, consagró desde esa época al marido como administrador absoluto del patrimonio común y de los bienes de su esposa. Recién en 1925 se permitió que los cónyuges optaran por la separación de bienes, y solo en 1989 la mujer casada dejó de ser considerada legalmente una incapaz relativa. “Resulta ilógico que en pleno siglo XXI la mujer sea incapaz de administrar sus propios bienes y necesite que un hombre lo haga por ella”, dice, enfática, Catalina Iñiguez, abogada de la Universidad de Chile y recientemente nombrada socia por el estudio FerradaNehme, tras once años de carrera en el despacho.

Aunque sus áreas de expertise son la Libre Competencia y la Regulación Económica, Catalina tiene cercanía con temas de equidad de género, y es parte del programa de sostenibilidad del estudio FerradaNehme, donde se ha abocado a colaborar con ComunidadMujer en este tipo de temáticas. “Creo que siempre he tenido una obsesión con llegar a resultados justos. Me genera mucho ruido la injusticia. Y no me parece justo, derechamente, que siga existiendo el régimen de sociedad conyugal tal como lo conocemos –con un proyecto de ley que lleva 17 años en el Congreso–, que resulta discriminatorio para la mujer y, en ese sentido, es contrario a la Constitución y a diversos tratados internacionales”, plantea.

- Actualmente este proyecto para modificar el régimen de sociedad conyugal está en el Senado. ¿Ves urgencia en que salga prontamente?

Por supuesto. Dicho régimen nació bajo la concepción de que la mujer era incapaz de actuar por sí sola en la vida jurídica y, por lo mismo, la administración de la sociedad conyugal recae de manera exclusiva en el marido, quien se encarga tanto de la administración de sus bienes propios como de los bienes sociales y también de los bienes propios de la mujer. En la práctica, esto se traduce en una serie de dificultades prácticas. Es urgente que la mujer tenga idéntica capacidad jurídica que el hombre para suscribir contratos, ser titular de bienes y pedir créditos sin necesidad de contar con el consentimiento de su marido.

- ¿Cuáles son esas dificultades prácticas?

Genera serias restricciones a la autonomía económica de las mujeres casadas bajo el régimen de sociedad conyugal. Por ejemplo, esas mujeres no pueden libremente vender un auto que ya era de su propiedad con anterioridad al matrimonio. O puede generar dificultades para que las mujeres casadas bajo ese régimen puedan desarrollar sus emprendimientos, en especial en relación con el acceso al crédito. Ello, sin duda, atenta de manera directa contra la equidad de género.

- ¿Por qué crees que es mejor reformar el régimen de sociedad conyugal en lugar de eliminarlo por completo?

En mi opinión el problema no es la existencia de la sociedad conyugal en sí, pues una comunidad de bienes podría tener todo el sentido de justicia para muchos matrimonios, sino que el problema radica en que hoy está diseñada sobre una base profundamente desigual, que le entrega al marido la administración exclusiva de los bienes, como si la mujer no tuviera capacidad jurídica plena. Reformarla permitiría que las mujeres que elijan ese régimen –por tradición, afinidad o convicción– puedan hacerlo sin quedar en desventaja. No se trata de imponer una única forma de organizar la vida patrimonial, sino de asegurar que cualquiera sea la opción, esta no vulnere derechos.

- En 2023 la separación de bienes alcanzó un 46% y la sociedad conyugal descendió a un 49%, su nivel más bajo desde que existe este mecanismo. ¿A qué atribuyes que hoy estemos viendo una equiparación histórica entre quienes optan por estos dos regímenes?

Creo que responde, en parte, a una mayor conciencia de las mujeres sobre los efectos reales que puede tener la elección del régimen patrimonial en su autonomía económica. Antes, muchas se casaban en sociedad conyugal por desconocimiento –considerando que es el régimen por defecto–, sin dimensionar que eso podía significar ceder la administración de sus propios bienes. Hoy hay más información, más conversación pública. También creo que las parejas son más conscientes de que el matrimonio puede terminar, ya no está tan arraigada la concepción de que es para toda la vida y, por lo tanto, están más dispuestas a discutir estos temas antes del matrimonio y a planificar su vida financiera con independencia.

- ¿Cuáles son los principales cambios que traería la nueva legislación?

Bajo el actual sistema de sociedad conyugal, a lo sumo, la mujer administra lo que obtiene de su trabajo remunerado separado del marido (patrimonio reservado de la mujer casada). Por ejemplo, si una mujer compra un auto con dinero de su trabajo y no deja constancia de que se trata de patrimonio reservado, ese vehículo también queda bajo la administración del marido, como si él lo hubiese adquirido. Con el nuevo sistema la mujer que se case bajo dicho régimen quedará en una mejor posición, pues podrá administrar libremente sus bienes propios y coadministrar los bienes sociales, dentro de los cuales se encontrarán los sueldos de ambos cónyuges. Esto último no es baladí, si se considera que normalmente el sueldo del marido es más estable –entre otras razones, porque son las mujeres las que mayoritariamente cumplen labores de cuidados que las obligan a dejar en un segundo plano su actividad laboral– y de mayor entidad –pues siguen existiendo enormes diferencias en los sueldos que se pagan a un hombre y a una mujer que desarrollan idénticas funciones–, así como el acceso de puestos gerenciales y de alta dirección.

- ¿Crees que este tipo de estructuras legales tiene efectos incluso en la participación laboral femenina?

Sin duda, pero hay proyectos con un impacto mucho mayor, como la sala cuna universal y el sistema nacional de cuidados. Siempre me han parecido iniciativas fundamentales, pero después de ser mamá, soy capaz de empatizar más todavía con la situación. La verdad es que sin redes de apoyo y sin una sala cuna en la que sepas que tus hijos están siendo cuidados y educados, para una mujer es muy difícil retomar su vida laboral. En ese sentido, me parece que también es urgente aprobar el proyecto de la sala cuna universal: hoy, solo empleadores con más de 20 trabajadoras están obligados a ofrecer este beneficio, lo que desincentiva la contratación de mujeres y afecta sus sueldos. El acceso debiera ser para todos los trabajadores con hijos menores de dos años, y ojalá extenderse hasta los cuatro años. De lo contrario, seguimos reforzando que el cuidado es tarea de las mujeres. El proyecto de ley sobre sistema nacional de cuidados, en tanto, busca reconocer el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado; y, por lo mismo, es clave para aliviar la carga histórica que enfrentan las mujeres en esta materia.

- Suele decirse que el mundo legal es un espacio bastante masculinizado. ¿Cómo has vivido tu camino profesional en ese contexto?

El mundo legal no puede más que ser el reflejo de la sociedad en la que vivimos, en que todavía faltan muchos pasos para lograr equidad de género. Creo que se ha avanzado harto en que las mujeres ingresen a la par que los hombres a la carrera de derecho y se titulen como abogadas, lo que obviamente era impensado varias décadas atrás. Pero se sigue observando que, a diferencia de sus pares, a las abogadas les cuesta muchísimo más acceder a posiciones de poder, son muy pocas las que lo logran. Es cuestión de mirar el porcentaje de socias que existe en los principales estudios jurídicos del país; o, de observar que jamás hemos tenido una mujer que presida el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o la Corte Suprema, o una abogada que tenga el cargo de Fiscal Nacional Económico, por sólo dar unos ejemplos de las instituciones públicas con las que me vinculo en mi área de práctica.

- Recientemente fuiste nombrada socia en un estudio donde hay mayoría de mujeres en la sociedad. ¿Cómo se construyó ese liderazgo femenino dentro del estudio?

Es muy significativo y me siento honrada de que mi nombramiento haya inclinado la balanza a favor de las socias. A partir de los más de once años que llevo en FerradaNehme puedo dar fe de que la equidad de género es un valor fundamental en este estudio. Creo que el hecho de que una de sus fundadoras haya sido mujer, permitió que desde sus orígenes la concepción sobre el valor que tiene el trabajo de la mujer fuese muy distinto a la mayoría de otros grandes estudios y que se pudiese observar una forma de liderazgo muy diferente al tradicional liderazgo jerárquico e impositivo que históricamente han mostrado tener los hombres. Eso sin duda ha permeado a todos quienes trabajamos acá. Además, ha existido una preocupación constante por visibilizar los problemas de género, por capacitarnos y hacernos conscientes de que todos tenemos sesgos y que lo importante es irlos observando e intentar cambiarlos. En ese sentido, el programa de sostenibilidad de la oficina que incluye las áreas de género y de diversidad e inclusión también ha sido un gran aporte en el desarrollo de distintas instancias de discusión y la entrega de políticas, protocolos y directrices.