Andrés Chadwick: “¿Tenemos recursos para extranjeros sin saber cuánto tiempo van a estar en el país? No, hay otras necesidades”

La autoridad defiende la eficacia de las redadas policiales, ratifica que el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) tendrá nuevo nombre y critica los cambios a la Ley de Migración.


Mientras fueron oposición criticaron duramente al gobierno y enfatizaron en la sensación de inseguridad que había en el país. Hoy, ¿cuál es su impresión?

Andrés Chadwick, ministro del Interior y principal autoridad responsable del orden y la seguridad ciudadana en Chile, toma un lápiz y comienza la búsqueda de unos papeles donde tiene apuntado el resultado de las últimas redadas policiales.

“No es un tema que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Es un trabajo de largo plazo. Nosotros esperamos que en estos cuatro meses la ciudadanía haya visto una actitud distinta para enfrentar la delincuencia. Hay cosas con las que hemos ido acompañando esa actitud, hemos respaldado políticamente las acciones policiales de Carabineros y la PDI dándoles todo nuestro apoyo y confianza…

¿Eso lo destaca como un cambio respecto a lo que ocurría en el gobierno pasado?

Lo señalo como un énfasis porque no lo veíamos así en el gobierno anterior.

¿Cómo recibieron las críticas a las redadas masivas que han realizado, donde las cifras dan cuenta de una baja detención en materia de delitos de alta connotación?

(Encuentra los papeles) Las críticas que se han hecho en término de las estadísticas no son correctas, están equivocadas en los números. Con la misma información con que se han hecho esas críticas, si uno se detiene a evaluar los resultados, uno puede ver que ha habido más de 17 mil personas detenidas, donde más del 90% de ellas han quedado a disposición del Ministerio Público y han tenido presencia ante los Tribunales de Justicia. Esa es una mirada de cifras que nos dice que estamos bien encaminados. Además, se ha dado una cifra que algo menos del 8% obedecería a los delitos muy graves, lo que me parece una muy buena cifra.

¿Usted mira ese resultado con optimismo?

Claro que sí. En ese 8% nos referimos a robo con fuerza, violencia intrafamiliar, violación, homicidio y delitos sexuales. Pero no están incorporados en esas cifras los distintos tipos de robos: con intimidación, con sorpresa, hurto, robo de vehículos, además de delitos ligados a droga, amenazas, armas, receptación, delito de daño, de pensión alimenticia, que todo ello aumenta considerablemente las cifras que sí tienen importancia social relevante. Las críticas que ha habido no están haciendo la lectura correcta.

¿Cuál es la lectura correcta?

Ahora hay una actitud más dura, hay una mano más decidida, ahora Carabineros está en la calle, ahora no habrá debilidades. Al mismo tiempo, un segundo mensaje es transmitirles a los sectores donde la delincuencia más actúa, donde se han coaptado barrios, donde impone una dictadura delictual, es transmitirles que las policías y las autoridades van a estar allí. Cuando llegamos con Carabineros a los sectores de vulnerabilidad, la gente sale a la calle a las 11 de la noche y nos dan gracias por venir.

¿Está Chile preparado para enfrentar el crimen organizado?

Tenemos una realidad delictual distinta hoy. Tenemos una acción delictual, a través de las organizaciones criminales, donde hay un punto fundamental en la acción del narcotráfico, y tenemos pandillas que cometen delitos con mayor preparación y con mayor decisión de violencia, que es el tema de las armas. Frente a esta realidad actual, nosotros, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no tendremos eficacia. Hay que incluir nuevas estrategias y más tecnología, estamos trabajando en eso.

¿Cuáles son los plazos para materializar las conclusiones aportadas por la Comisión de Seguridad y qué vía se utilizará para cada una de las propuestas?

De estas medidas surgen distintas acciones y una intensa agenda de trabajo. Una de ellas es materializar todo lo que implica modificaciones legislativas que son varias, tanto a la Ley Orgánica de Carabineros, de la PDI, de municipalidades, control de armas, y en ese sentido, el Presidente nos ha pedido que dentro de un plazo de 90 días tengamos todo lo que implica modificaciones legislativas ya elaboradas para efectos de ser presentadas al Congreso. Hay una segunda parte de la agenda de trabajo, que son implementaciones que no requieren modificación de ley. Son cambios que se pueden ir realizando por la vía administrativa y en eso hay distintas materias que debemos ir impulsando.

¿Se va a cambiar el nombre al Consejo Nacional de Inteligencia para evitar que cargue con el peso histórico de la sigla CNI?

Así lo he visto en redes y en algunos comentarios de prensa, pero como no ha existido intención alguna de asociar nombres al pasado y se trata de una mera sigla sin mayor importancia, el Presidente me ha dicho que le pondrá Consejo Asesor de Inteligencia y así evitar un problema y una discusión que nada tiene que ver con lo importante. Lo fundamental es la necesidad de este organismo y darle por fin al Sistema de Inteligencia del Estado la jerarquía institucional que requiere para ser eficaz.

¿Cómo se recupera la confianza en un sistema de inteligencia después del caso Huracán?

El caso Huracán no solo considera todos los hechos ilícitos que investiga hoy la fiscalía y la justicia, hechos que son muy graves, sino, además, revela una confusión en lo que es un trabajo de inteligencia. Y el caso Huracán demostró esta confusión al querer transformar inteligencia en prueba policial sin la conducción y dirección de la fiscalía, y sin respetar las regulaciones legales y garantías individuales de cada persona. Esa confusión, obviamente, nosotros la hemos tenido en consideración para que estén los controles y las responsabilidades para que ello no ocurra.

Migración

El proceso de regularización culmina hoy, ¿está claro cuántas personas con antecedentes estarían dentro del grupo que podría ser expulsado?

Tenemos que esperar el término del proceso, pero ya hemos iniciado un plan, que lo coordina el subsecretario Ubilla, en que inicialmente estamos expulsando del país a personas con condenas judiciales con sentencias de expulsión. Eso no se había cumplido. Calculamos una cifra cercana a dos mil. Terminado el proceso de regularización, que hasta ahora suma cerca de 160 mil personas, vamos a desarrollar un plan de expulsiones de aquellos que están ilícitamente en el país, primero con quienes tienen antecedentes penales y continuaremos con aquellos que se encuentran en forma ilícita. También incorporaremos a quienes cumplan sus condenas penales cuando estas sean graves.

Se estimaba que unas 300 mil personas debían participar de este proceso de regularización y según la cifra que usted da lo estaría cumpliendo cerca de la mitad. ¿La proyección fue más de la cuenta o hay mucha gente que no ha querido participar?

Eso lo tenemos que verificar y lo responderá la evaluación del proceso. Estamos hablando de extranjeros que entraron de forma ilícita. Como esa cifra no nos da certeza, tenemos que hacer la evaluación terminado el proceso, de aproximarnos a cifras más certeras. Podemos encontrarnos que hay un gran número que decidió permanecer ilícito y no regularizarse, o era menor el número estimado.

¿Cómo van a enfrentar las diferencias que se han producido en la tramitación de la Ley de Migración en el Congreso?

Han surgido dos problemas que consideramos constituyen un error de parte de los parlamentarios de oposición y que pretendemos revertir en el desarrollo del trámite legislativo. Porque consideramos un error. El primero de ellos es sobre el principio de no devolución, porque un Estado no puede renunciar a su facultad y atribución de expulsión de un ciudadano que se encuentre de forma ilegal en el país. A nuestro juicio, la comisión creemos ha confundido la situación de aquellos ciudadanos a los que Chile ha dado refugio, y por lo tanto, mientras permanezca esta situación obviamente el Estado no lo expulsa, porque ya le dio protección, con la de extranjeros que se encuentran de manera ilegal. El segundo punto también lo consideramos un error. La capacidad económica de Chile no es ilimitada. No estamos en condición de poder ofrecer todo tipo de beneficios sociales a personas que ingresan y que no sabemos ni siquiera cuánto tiempo van a permanecer en el país. Obviamente que educación y salud están garantizados, pero estos beneficios sociales responden a otra circunstancia. Pongamos de ejemplo el Bono Marzo, que el país lo destina de acuerdo a sus capacidades económicas a personas que más lo necesitan, el país no está en condición de financiar a los extranjeros que están en el país en forma ilimitada. Por eso hemos puesto como requisito que, a lo menos, estén dos años, para que demuestren una voluntad de arraigo en el país. Pero poder entregárselo a todo aquel que lleve 15 días o seis meses en el país no se puede.

¿Qué impacto económico tendría esta medida de llegar a aplicarla?

Tiene el impacto de que le estas restando a otras necesidades. Entonces, el Presidente tiene muy claro que los recursos con los que el país dispone los debemos concentrar a las prioridades sociales del país y a aquellos que más lo necesitan de acuerdo a sus vulnerabilidades. No tenemos recursos, como algunos piensan muy demagógicamente, porque olvidan que la plata es para todos los chilenos.

¿Usted dice que hay plata para los chilenos y no para los extranjeros, o no para todos los extranjeros?

Los recursos deben ser distribuidos de acuerdo a las necesidades, con prioridad en aquellos casos más urgentes y que más lo necesitan. Y como los recursos no son ilimitados, tenemos que tomar decisiones para que esto no se nos olvide. ¿Tenemos en ese cuadro recursos para extranjeros que están en el país, sin saber cuánto tiempo van a permanecer y sin haber demostrado una intención de permanencia en el país? No. Hay otras prioridades.

En caso de que la normativa saliera con las indicaciones de la oposición, ¿acudirán al TC?

Yo espero que eso no sea necesario. Uno tiene que confiar en la seriedad y el respeto institucional del Congreso. El presentar una indicación que implica aumento de gasto fiscal, que es una atribución del Presidente de la República, es tan abiertamente inconstitucional que la Cámara tiene la responsabilidad institucional de no permitirlo.

De ser necesario, ¿lo harán?

Bueno, veremos el trámite legislativo. Obviamente que las prerrogativas presidenciales si no son respetadas en el Congreso existe un Tribunal Constitucional donde uno puede hacerlas respetar.

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