La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envío un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Contraloría para que se investigue el accionar de la fundación ProCultura en el caso de la operación del circuito turístico “Lota Sorprendente” por medio de Agencia de Turismo Patrimonial SPA, que podría eventualmente revelar que era utilizada para “generar recursos de libre disposición al margen de los fines fundacionales y de la normativa tributaria vigente“.

La situación en el caso de Lota, en la región del Biobío, habría sido revelada tras conocerse una declaración a Fiscalía por parte de Francisco Fuentes, jefe del circuito Lota y quien trabajó con ProCultura en aquella época.

Según señaló Fuentes, Larraín negociaba para los proyectos de fondos públicos o con privados por un pago completo y no en cuotas mensuales.

“Según lo que nos informaba Alberto Larraín en las reuniones telemáticas es que, otra de las formas de obtener recursos, era con instrumentos de inversión (renta de capital) que generaban intereses”, señaló sobre estas actividades.

En ese contexto, la arremetida por parte de RN enfatiza que “La solicitud se basa en antecedentes públicos que apuntan a que la fundación ProCultura —beneficiaria de $480 millones de pesos entregados por CORFO en el marco de la administración del circuito turístico “Lota Sorprendente”— habría creado una sociedad privada (Agencia de Turismo Patrimonial SPA), cuyo único socio es funcionario de la fundación, para administrar recursos públicos y generar ingresos de libre disposición“.

Para los parlamentarios de RN el actuar de ProCultura sería parte de un modelo que operaría como “un vehículo de inversión encubierto”. Así las cosas, solicitan instruir medidas disciplinarias y remitir los antecedentes al Ministerio Público o al Consejo de Defensa del Estado.

Además de lo anterior, piden al SII que realice una auditoría tributaria exhaustiva, “que permita determinar si los fondos adjudicados a través de licitación o trato directo fueron desviados a fines ajenos a los estatutos de la fundación, y si dicha estructura operativa permitió beneficiar directa o indirectamente a personas relacionadas, vulnerando las normas fiscales y los principios de probidad administrativa”.

“El Estado no puede seguir entregando recursos millonarios a fundaciones que, lejos de cumplir un rol social transparente, crean empresas paralelas para canalizar esos fondos a circuitos opacos, sin fiscalización real y con evidente intención de eludir impuestos”, señaló respecto al oficio el jefe de bancada de RN, Miguel Mellado.

Para Carla Morales, subjefa de bancada, el caso de Lota “grafica cómo se puede desnaturalizar completamente el sentido de una fundación sin fines de lucro, convirtiéndola en una plataforma para obtener licitaciones del Estado y luego derivar esos fondos hacia sociedades privadas manejadas por personas de la misma red”.