La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto que busca modificar la regulación de las tecnologías conocidas como IMSI Catcher, utilizadas para intervenir redes móviles durante investigaciones penales, y permitir de manera excepcional la captación del contenido de comunicaciones.

La propuesta no parte desde cero. Actualmente, los artículos 19 y 20 de la Ley N.º 21.732 ya permiten, bajo autorización judicial, emplear tecnologías que simulan sistemas de telecomunicaciones para obtener identificadores técnicos, direcciones IP, metadatos y la ubicación de dispositivos en determinadas investigaciones.

Lo que plantea la moción es trasladar esa regulación desde la legislación antiterrorista al Código Procesal Penal e incorporar un segundo nivel de intervención: la posibilidad de captar, interceptar, escuchar, registrar o grabar el contenido de las comunicaciones bajo requisitos más estrictos.

El proyecto fundamenta la modificación en la necesidad de reforzar las herramientas disponibles frente al crimen organizado. “El crimen organizado utiliza cada vez más recursos económicos y tecnológicos, por lo que el Estado no puede continuar investigando con herramientas insuficientes o normas dispersas”, sostuvo el jefe de la bancada de RN, Diego Schalper.

Entre sus antecedentes cita la Política de Persecución Penal 2025-2031 del Ministerio Público, según la cual los delitos asociados a criminalidad organizada aumentaron 128% entre 2006 y 2023, mientras aquellos considerados de alta complejidad crecieron 524% en el mismo período.

Cómo funcionaría la intervención

El primer nivel contemplado en la iniciativa mantiene, en términos generales, las facultades que existen actualmente.

A solicitud del Ministerio Público, un juez podría autorizar la intervención de una o más redes móviles mediante sistemas que simulen tecnologías de telecomunicaciones para obtener datos que permitan identificar y localizar dispositivos.

Entre ellos se consideran direcciones IP, identificadores SIM, IMEI, IMSI y otros metadatos, además de la georreferenciación de los equipos.

Esta diligencia podría utilizarse en investigaciones por delitos terroristas, asociación criminal, ilícitos contemplados en la Ley de Drogas y determinados delitos de la Ley de Control de Armas.

Para autorizarla deberán existir sospechas fundadas y basadas en hechos determinados, además de acreditarse que la diligencia resulta imprescindible y que otras medidas de interceptación previstas en el Código Procesal Penal son insuficientes.

La intervención podría extenderse por hasta 30 días y renovarse por períodos iguales, siempre que el juez vuelva a revisar que continúan cumpliéndose sus requisitos.

Acceso al contenido con autorización de la Corte Suprema

El principal cambio respecto de la legislación vigente está en la posibilidad de acceder directamente al contenido de las comunicaciones captadas mediante estas tecnologías.

La moción da la facultad a investigaciones por delitos terroristas, asociación criminal, asociación para el tráfico de drogas y organización armada, y exige además la existencia de un “grave e inminente peligro para el orden público o la seguridad pública”.

A diferencia de la intervención de metadatos, esta medida no podría ser solicitada directamente por cualquier fiscal. La petición tendría que realizarla el Fiscal Nacional, previo informe escrito y fundado del fiscal regional correspondiente o del jefe de la Fiscalía Supraterritorial.

La autorización quedaría, además, en manos de uno de los ministros de la Corte Suprema designados conforme a la Ley de Inteligencia.

La solicitud deberá justificar por qué las medidas menos invasivas fueron insuficientes, identificar a las personas o dispositivos vinculados con la investigación y precisar las clases de comunicaciones que se busca intervenir.

En caso de aprobarse, la captación del contenido podría extenderse por un máximo de 15 días consecutivos y sin posibilidad de prórroga.

También deberán excluirse y destruirse las comunicaciones de terceros ajenos a la investigación o aquellas que resulten manifiestamente impertinentes.

El diputado Schalper defendió los controles incorporados en el proyecto. “No se trata de entregar facultades indiscriminadas, sino de permitir que, frente a delitos especialmente graves, el Estado pueda actuar oportunamente”.

En la misma línea, el subjefe de bancada Eduardo Durán destacó que “la captación del contenido de las comunicaciones será excepcional y estará sometida a requisitos más estrictos, precisamente porque comprendemos la intensidad de una medida de esta naturaleza”.

El texto contempla además que el Fiscal Nacional deberá establecer mediante una instrucción general los mecanismos para almacenar, conservar, utilizar y destruir los registros obtenidos. Para ello dispondría de 90 días desde la publicación de una eventual ley.

La moción propone, finalmente, derogar los actuales artículos 19 y 20 de la Ley N.º 21.732 para evitar que exista una regulación paralela y concentrar estas herramientas en el Código Procesal Penal.