La excarcelación del ciudadano venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez, acusado del homicidio del comerciante de barrio Meiggs, José Reyes Ossa, activó una ofensiva de la oposición en el Parlamento en contra del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Si bien el escándalo tiene en el foco al Poder Judicial, dado que fue la firma de la jueza Irene Rodríguez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago que permitió dejar sin efecto la prisión preventiva del acusado, en las fuerzas opositoras apuntan a que también existirían responsabilidades políticas.

Así, en el Senado, por ejemplo, se zanjó la realización -el martes 22 de julio- de una comisión unida de Seguridad y Constitución, a la que ya fueron citados los ministros Luis Cordero y Jaime Gajardo, de Seguridad Pública y Justicia, respectivamente. También se solicitó la concurrencia del fiscal nacional, Ángel Valencia, del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y del director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Luis Marcó.

El senador José Durana (UDI), presidente de la comisión de Seguridad, apuntó que “frente a la inacción que hemos visto del Presidente Boric hemos solicitado a las comisiones conjuntas de Constitución y Seguridad citar a las principales autoridades para que den explicación y transparencia a través de estas comisiones a la ciudadanía de lo que está sucediendo”.

La senadora Paulina Núñez (RN), que lidera la comisión de Constitución, en tanto, sostuvo que se trata de “una situación que a todas luces, al menos, levanta alertas, dudas y que aún no está aclarada para que sea esta instancia la que conozca de esa información y si se requiere de un paso más desde el punto de vista del Senado, desde el punto de vista legislativo o de lo que corresponda en eventuales remociones, por supuesto que vamos a avanzar en esa línea”.

En la Cámara de Diputados, en la línea de esta ofensiva, está confirmado que la comisión de Seguridad tendrá una sesión especial el lunes de la próxima semana.

Así lo transmitió el presidente de esa instancia, el diputado Cristián Araya (republicano). A ese espacio se citará al líder de la Corte Suprema, al Ministerio Público, a Gendarmería y al ministro Gajardo.

“Esperamos que nos vengan a dar cuenta sobre el actuar de lo que hemos tenido conocimiento en las últimas horas, sobre los hechos en particular y sobre las medidas que se van a adoptar para esclarecer lo ocurrido y las responsabilidades correspondientes”, aseveró el parlamentario.

La comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, que es presidida por el republicano Stephan Schubert, también tiene contemplado abordar el caso.

Otra de las ofensivas en la Corporación está siendo encabezada por los diputados del Partido Nacional Libertario, que a través de Johannes Kaiser anunciaron que buscarán reunir firmas para crear una comisión especial investigadora. “Creemos que aquí se tienen que hacer también efectivas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan. Estamos esperando, por tanto, que el ministro de Justicia nos anuncie qué cabezas van a rodar”, remarcó.

Pero no solo eso. En la UDI evalúan además una posible acusación constitucional contra Gajardo. De acuerdo al diputado gremialista Jorge Alessandri, en su partido están indagando “si es que hay responsabilidad política” del ministro de Justicia para presentar un libelo en su contra.

Candidatos de oposición contra el gobierno

La liberación del sicario Osmar Ferrer, contra quien pesa una orden de captura internacional, también generó una ola de reacciones de los candidatos presidenciales. Entre ellos, los abanderados de oposición también apuntaron contra el Ejecutivo.

La carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, planteó que “es inexplicable que un peligroso delincuente, como el asesino del empresario del barrio Meiggs, esté libre por una negligencia inexcusable o corrupción manifiesta” y recalcó que “en este gobierno el crimen organizado sigue avanzando y nosotros haremos todo para frenarlo. Este es un hecho de la mayor gravedad. Debe existir una urgente aclaración”.

José Antonio Kast, presidenciable de republicanos, en tanto, sostuvo que “lo que ha ocurrido con la fuga de este criminal de este sicario es inaceptable. Más allá de la responsabilidad, de la culpabilidad y la negligencia, que puede ser del gobierno, del Poder Judicial o de Gendarmería, hoy día lo urgente es recapturar a este sicario, a este criminal y luego hacer efectiva las responsabilidades de cualquier persona que haya estado involucrada en estos hechos”

El diputado Kaiser, abanderado del PNL, por su parte, dijo: “No me interesan las razones que se aludan para explicar el hecho. Los responsables de esto deben ser removidos o renunciar a sus cargos.La reforma del sistema completo se vuelve imprescindible”.

Desde la vereda oficialista, Jeannette Jara (PC) enfatizó que “es un hecho de máxima gravedad y muy escandaloso, que en primer lugar pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones del sistema judicial y que, por otro lado, además, deja en libertad a una persona que es un peligro para la sociedad".

“Por eso las medidas que se han tomado en torno a perseguir la parte penal, la parte administrativa y por cierto la revisión de los procedimientos, es algo que no solo es esperable, sino que, además, debe hacerse con la máxima rigurosidad y rapidez”, añadió.