El jefe y la subjefa de la bancada de diputados UDI, Henry Leal y Marlene Pérez, emplazaron al Gobierno a otorgar suma urgencia a un proyecto de ley que presentaron en marzo de este año y que busca permitir que los establecimientos educacionales y los centros de salud puedan instalar detectores de metales en sus accesos, como una forma de evitar el ingreso de armas u otros elementos prohibidos.

Los parlamentarios gremialistas hicieron el llamado al Ejecutivo tras revelarse que en la región de Valparaíso, de acuerdo a datos proporcionados por la Superintendencia de Educación, entre los años 2019 y 2023 un total de 31 estudiantes fueron expulsados de sus colegios por uso o porte de armas, superando incluso las cancelaciones de matrículas efectuadas por porte de drogas.

Leal y Pérez calificaron como “urgente” que el proyecto de ley pueda ser despachado por el Congreso, sobre todo considerando que ya fue aprobado por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, quedando pendiente su votación en Sala.

“Nuestro país está atravesando por una de las crisis de seguridad más graves de toda su historia, en la que, lamentablemente, el área educacional no es la excepción. Durante el último tiempo se ha vuelto cada vez más habitual que se produzcan episodios de violencia en los colegios, donde las protagonistas son las armas blancas o, incluso, las de fuego, afectando no sólo a los estudiantes, sino que también a los docentes y funcionarios que se desempeñan en el interior. Por eso nos parece absolutamente necesario abrir esta discusión y que sean los propios establecimientos educacionales los que resuelvan si están o no de acuerdo con usar esta tecnología, pero que no se les sancione si prefieren privilegiar la seguridad de sus alumnos por sobre otras cosas”, señalaron los legisladores.

Luego ambos parlamentarios hicieron alusión a las polémicas que han vivido varios colegios por usar dichos dispositivos, como recientemente el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón de Temuco, que incluso fue sancionado por la Superintendencia de Educación. Sin embargo, Leal y Pérez también mencionaron el caso del Colegio Salesianos de Valparaíso, al que la Corte de Apelaciones local le anuló la multa que habían recibido, tras resolver que “los derechos pueden ser restringidos en ciertas circunstancias para proteger otras garantías”.

“Todos los datos y la evidencia nos demuestran que los detectores de metales, que ya se están usando en muchos lugares públicos, son una herramienta útil para controlar al menos el ingreso de elementos prohibidos, como las armas blancas o de fuego. Por eso hemos empujado esta iniciativa, porque sabemos que será una gran herramienta para garantizar espacios más seguros”, señalaron.