Gobierno evalúa presentar querella por Ley de Seguridad del Estado tras ataque a base de Carabineros en Quidico

La ministra del Interior, Izkia Siches, defendió la aplicación del estado de excepción para resguardar las principales carreteras y rutas en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, ante las presiones del oficialismo y oposición para ampliar la medida. Pero, precisó que “la evolución y evaluación de este estado de excepción es continua" y que "no va a lograr resolver los problemas de fondo”.




Tras el hecho que se produjo el martes en la Región del Biobío, en que un grupo de 70 encapuchados atacó con armas de fuego la base de Carabineros que resguardaba un predio en Quidico, el gobierno anunció que estudia la aplicación de una querella por la Ley de Seguridad del Estado (LSE).

El anuncio lo realizó a mediodía desde La Moneda la ministra del Interior, Izkia Siches, quien precisó que “frente al ataque que ocurrió en Quidico, estamos evaluando una querella en torno a la Ley de Seguridad del Estado, porque entendemos que nuestros trabajadores, Carabineros de Chile, no pueden ser sujetos de estos ataques directos”.

La secretaria de Estado también condenó y lamentó nuevamente el asesinato de Segundo Catril Neculqueo (66), trabajador de la empresa Santos Reinao Millahual SpA que recibió un impacto de bala en su cabeza ayer mientras se trasladaba desde su hogar a faenas de reforestación.

El bus en el que se trasladaba, junto a otros trabajadores, fue atacado por disparos efectuados por desconocidos en Capitán Pastene, Región de La Araucanía. Otras dos personas resultaron con lesiones de perdigones.

“Estamos frente a un hecho de la máxima violencia y estamos buscando todas las alternativas legales, jurídicas y también investigativas para perseguir con fuerza y claridad a los responsables de estos lamentables hechos”, expresó la jefa de gabinete al respecto.

Ambos hechos de violencia se produjeron en zonas que permanecen bajo el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que entró en vigencia el 17 de mayo y que fue impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric para resguardar las rutas y carreteras en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.

Sin embargo, tras la muerte de Catril, aumentaron las presiones -tanto desde el oficialismo como la oposición- para ampliar la medida y que se lleve a cabo la utilización de todas las herramientas que provee el estado de excepción en la zona.

Ante dicha exigencia, la ministra del Interior salió en defensa de la decisión del gobierno: “El estado de excepción constitucional es un instrumento que está en la Constitución y lo hemos desplegado de la manera que nos parece más táctica y estratégica”.

“El problema de fondo de las bandas organizadas y crimen organizado no se ataca llevando o exponiendo ni a nuestros Carabinero ni a nuestras Fuerzas Armadas, sino más bien desarticulando las bandas. Eso se hace por medio de inteligencia, de las investigaciones y pericias, y también trabajando con las comunidades, y es lo que estamos haciendo”, complementó.

Sin embargo, precisó que la evolución y evaluación de este estado de excepción es continua, pero no va a lograr resolver los problemas de fondo”.

“Es una medida complementaria que se suma al trabajo de nuestras policías en la zona y permite prevenir atentados y ataques en las distintas carreteras, para poder llegar con suministros y que también las personas se puedan trasladar”, agregó.

Tras los ataques ocurridos en la Macrozona Sur, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se trasladó este miércoles desde Santiago hasta la ciudad de Temuco para sostener una reunión con el delegado presidencial de la Región de La Araucanía, Raúl Allard.

Además, según precisó la ministra Siches, Monsalve también se reuniría con la familia de Catril y con personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), para “acelerar las acciones investigativas para encontrar a los responsables”.

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