Intensas gestiones con senadores de la oposición lideraron durante toda la jornada de este miércoles los ministros de la Segpres, Gonzalo Blumel, y la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en el Congreso.

Las tratativas tenían como objetivo calmar la tensión que se había instalado entre La Moneda y la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, luego de que el martes los senadores de ese sector que integran la Comisión de Educación del Senado aprobaran la idea de legislar el proyecto de Aula Segura -iniciativa que busca "fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula" en casos de violencia-, pero, mediante varias enmiendas, convirtieran el proyecto impulsado por La Moneda en uno completamente nuevo.

El texto que fue aprobado por esa instancia ampliaba los plazos propuestos por el Ejecutivo de seis a 15 días, establecía que era "facultad" y no una "obligación" de los directores sancionar con la separación de la comunidad escolar a los estudiantes que cometieran acciones graves o gravísimas y extendía a los colegios particulares la aplicación de la normativa. Sin embargo, la oposición decidió este miércoles modificar dicha redacción, cediendo en varios de los puntos que eran relevantes para el Ejecutivo.

Así, los senadores Jaime Quintana (PPD), Yasna Provoste (DC), Jorge Pizarro (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS) presentaron tres indicaciones ante la Comisión de Hacienda, que esta noche revisa el proyecto.

En concreto, la nueva propuesta de los parlamentarios explicita la palabra "expulsión" y "cancelación de matrícula" e incluye entre las conductas graves y gravísimas por las que un estudiante puede ser sancionado "el porte, posesión o tenencia de armas o artefactos incendiarios".

"Hemos hecho algunas precisiones en orden a recoger algunos planteamientos que nos han hecho senadores de la oposición que nos parece acertado explicitar, sobre todo, ante un lenguaje comunicacional que ha tendido a confundir a la opinión pública, no de estos días, desde el comienzo de la discusión del proyecto por parte del gobierno. Ante eso nos parece importante cerrar algunas brechas comunicacionales y esa es la finalidad que tienen estos proyectos", explicó Quintana.

Una reunión sostenida entre Blumel, el subsecretario de su cartera, Claudio Alvarado, y los senadores Jorge Pizarro (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) fue el primer paso para iniciar el diálogo entre ambas partes. En ese contexto, el gobierno les transmitió a los legisladores los puntos intransables para el Ejecutivo para lograr un consenso, entre ellos, la necesidad de que se detallaran las conductas graves y gravísimas a las que hacía alusión el proyecto y, asimismo, que se explicitara como sanción para aquellas conductas la "expulsión" y "cancelación de la matrícula", los que fueron acogidos finalmente por la oposición.

Asimismo, la ministra Cubillos y Blumel sostuvieron bilaterales con algunos senadores como José Miguel Insulza (PS), quien se había mostrado crítico del tono que había alcanzado el debate impulsado por sus pares de la oposición y el vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi.

Las partes ceden

Más allá de las gestiones de los ministros, en la ex Nueva Mayoría había conciencia de que el Ejecutivo había logrado instalar la idea de que esta era una pugna entre quienes estaban con los "violentistas" y quienes estaban por erradicar la violencia de las aulas, lo que -según reconocen en La Moneda- fue una estrategia para poner a la ciudadanía, que ha evaluado bien la iniciativa, en contra de la oposición y reforzar la postura del gobierno.

De hecho, fue el propio Presidente Sebastián Piñera, quien a través de su cuenta de Twitter, señaló que "el Senado deberá resolver de qué lado está. Del lado de los estudiantes que quieren aprender y crecer en paz o del lado de los delincuentes de overol".

El análisis que este miércoles transmitían desde la oposición es que si bien lograron marcar un punto político y comunicacional tras la aprobación de sus indicaciones en la comisión debían evitar un costo en ese sentido. Asimismo, al interior del sector varios cuestionaban en privado la arremetida de la senadora Provoste. De hecho, ya le habían advertido que luego de que se ingresaran las enmiendas habría ajustes.

En La Moneda, en tanto, reconocían en privado que la férrea defensa al mensaje presidencial responde a que, en sus últimos sondeos internos, la iniciativa aumentó en aprobación de la ciudadanía ubicándose -según las mismas fuentes- por sobre el 80% de respaldo.

Por esta misma razón, afirman, por la tarde en Palacio aseguraban que la idea era mantener una postura firme para "dejar en evidencia" a la oposición. Con todo, -señalan fuentes de La Moneda- también estaba sobre la mesa la idea de no repetir el revés que sufrió el Ejecutivo en el Congreso a propósito del reajuste del salario mínimo, iniciativa que fue rechazada luego que el Presidente Piñera enviara un veto y que lo obligó a enviar una nueva propuesta. Por eso, si bien saben que tienen a la opinión pública a su favor, de todos modos se abrieron a la posibilidad de arribar a un acuerdo, con el fin de evitar un escenario de tensión máxima similar al ocurrido durante el mes de septiembre en el Parlamento.

En esa línea, desde el Ejecutivo valoraron en la tarde las indicaciones planteadas desde la oposición y elaboraron una contrapropuesta que esta noche es discutida  en el Senado. Desde el gobierno manifestaban disposición a ceder en dos puntos: la extensión de la aplicación de la ley a colegios subvencionados y particulares; y que el detalle de las conductas quedara consignado en los reglamentos internos de los colegios y no en la ley.