Gobierno revisará criterios para firmar acuerdos a nombre del Estado

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Foto: Reinaldo Ubilla

La Subsecretaría de DD.HH. y Cancillería crearán protocolo para la suscripción de los Acuerdos de Solución Amistosa, como el que se firmó por matrimonio igualitario.




Una serie de conversaciones entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Cancillería se ha iniciado en los últimos días para comenzar a abordar un tema que ha generado preocupación en el gobierno y que se instaló con mayor fuerza luego de que representantes de ambas carteras asistieran a una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Estados Unidos.

El 2 de octubre, el Ejecutivo planteó ante ese organismo que el Estado chileno ha cumplido los tres puntos sobre el matrimonio igualitario que son parte del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con el Movilh, firmado en 2016 ante la CIDH por el gobierno de Michelle Bachelet.

En ese acuerdo se resolvió un compromiso que implicaba ingresar un proyecto de matrimonio igualitario al Congreso y "adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa (…) como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva". Y es este último aspecto el que ha sido utilizado por el Movilh, parlamentarios de oposición y exministros de Bachelet que suscribieron ese acuerdo para acusar al gobierno de Sebastián Piñera de un incumplimiento de ese compromiso, lo que el Ejecutivo ha desestimado argumentando que jamás se estableció una obligación para acelerar el proyecto en el Parlamento ni tampoco para asegurar su aprobación.

En ese contexto, fuentes de gobierno dicen que se están comenzando a revisar los criterios bajo los cuales se firman ese tipo de acuerdos a nombre del Estado para precisar la aplicación que tendrán posteriormente en la legislación chilena. Y detrás de este objetivo se encuentra no solo el compromiso sobre matrimonio igualitario ante la CIDH, sino que también otros acuerdos internacionales que implican, por ejemplo, entrega de tierras, algunos de los cuales -dicen en el Ejecutivo- no se pueden cumplir por aspectos legales y presupuestarios.

Así, el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, planteó este inconveniente el martes 23 de octubre ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuando fue citado a esa instancia para exponer la postura del Ejecutivo sobre el compromiso por matrimonio igualitario firmado ante la CIDH. "Creo que puede ser de interés, en algún minuto dado, ver bien el alcance y naturaleza de los acuerdos de solución amistosa. Nosotros, a propósito de un seminario que organizó Lorena Recabarren, nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, respecto de los planes nacionales de DD.HH. y cómo cumplirlos, contó con la participación del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD.HH. y tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre, precisamente, los ASA, porque plantean problemas", dijo Larraín ese día.

El secretario de Estado sostuvo en la Comisión de Constitución que "hay una serie de compromisos que se han adoptado y que han sido imposibles y que no se van a poder cumplir o se van a poder cumplir parcialmente", junto con señalar que "estos acuerdos han aumentado en los últimos años, pero no tienen un procedimiento o un protocolo". Y agregó: "No es llegar y dar un acto que pueda ser político, popular, pero que no tenga respaldo jurídico, a pesar de que el gobierno lo firme y pudiera parecer completamente dentro de norma. Entonces, hay ahí un tema que lo levanto solamente porque eso nos podría permitir entender cómo este gobierno no va a poder cumplir compromisos en algunos ASA, porque exceden de las atribuciones del gobierno".

La Tercera consultó a la Subsecretaría de DD.HH. al respecto, desde donde señalaron que se encuentran trabajando, precisamente, en un protocolo para la celebración de los Acuerdos de Solución Amistosa.

En ese sentido, explicaron que "es esencial para el buen funcionamiento de un ASA que el Estado se comprometa de forma responsable únicamente a aquello que se encuentra en condiciones de cumplir desde una perspectiva constitucional, legislativa, política o presupuestaria", junto con agregar que "a través del establecimiento de criterios generales y uniformes para la celebración de Acuerdos de Solución Amistosa se busca también evitar que este mecanismo tan útil y positivo sea utilizado de forma mañosa por quienes detenten el Poder Ejecutivo". Así, recalcan que este protocolo apunta a "garantizar que los acuerdos de solución amistosa sean instrumentos de política de Estado, y no instrumentos de política de gobierno".

En el Ejecutivo explican que el protocolo definirá los elementos principales que todo servicio del Estado debe tener en consideración al momento de participar en un proceso de negociación para un acuerdo de este tipo.

Entre otros factores, plantean la necesidad de especificar qué se puede comprometer dentro del ámbito de competencia de cada ministerio, garantizar que el compromiso tiene un sustento financiero y legal para ser cumplido, además de establecer plazos para la ejecución de esas medidas.

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