Este lunes el gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un téngase presente para hacer frente al requerimiento de inconstitucionalidad que presentó ante este un grupo de 42 diputados oficialistas para impugnar artículos incluidos en la recientemente aprobada Ley de Permisos Sectoriales.

En lo general, la ofensiva de los diputados – que cuenta con representantes del Frente Amplio, PC, PS, PPD, entre otros- sostiene que los artículos en cuestión “transgreden garantías constitucionales como el derecho a la salud y al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

Asimismo, los diputados afirman que no se respeta principios como el de no regresión, preventivo y precautorio. De esta manera, son cinco las enmiendas cuestionadas, debido a que irían en contra de garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por nuestro país, como el Convenio 169 de Consulta Indígena.

Los argumentos del Gobierno

Sin embargo, en su escrito presentado este lunes ante el TC, el Ejecutivo enumera una serie de elementos que harían inviable la acción de los parlamentarios.

Una de ellas, es que según el gobierno la cuestión de constitucionalidad no se suscitó durante la tramitación del proyecto de ley. Por ejemplo, no se presentaron reservas de constitucionalidad al respecto.

Asimismo, se plantea que el requerimiento de los diputados no formula “una cuestión de constitucionalidad” ni contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos de derechos. Es decir, que “en lugar de alegar la inconstitucionalidad del proyecto de ley, los requirentes manifiestan su disconformidad con el modelo regulatorio aprobado por el Congreso”.

Además, argumentan que los requirentes no impugnan verdaderamente una inconstitucionalidad de las normas, sino que manifiestan una disconformidad con los mecanismos que el Congreso ha determinado para una regulación estandarizada y simplificada de autorizaciones sectoriales y otras formas de intervención administrativa habilitantes, todas necesarias para el desarrollo de actividades y proyectos de inversión públicos y privados.

En ese sentido, el escrito del Ejecutivo sostiene que verdaderamente pretenden los requirentes es que el TC “excediendo las facultades que le otorga el artículo 93 N° 3 de la Constitución, determine si el modelo introducido por el proyecto de ley en cuestión es el más eficiente para conciliar el desarrollo de la productividad, el crecimiento y la inversión con la protección del medio ambiente y de los derechos de los ciudadanos”.

En tanto, se apunta a que el requerimiento de constitucionalidad contiene peticiones contradictorias, lo cual vulnera un elemento esencial para que el Tribunal Constitucional pueda conocer del fondo de su pretensión.

Finalmente, en el texto del Ejecutivo se sostiene que el requerimiento contiene imprecisiones en las referencias jurisprudenciales y resulta imposible verificar las fuentes bibliográficas citadas.

Con todo, quien representará al Ejecutivo será Francisca Moya, la jefa de División Jurídica de la Segpres.