La nueva prueba de blancura con la que el gobierno pretende reactivar la postulación de la jueza González a la Suprema

“La conducta del imputado (Daniel) Jadue reviste aún un mayor reproche si se considera su función actual de autoridad máxima en la Municipalidad de Recoleta y en cuya virtud ejecutó los hechos punibles que ahora son objeto de persecución penal, especialmente si siempre tuvo poder de decisión y dirección”, decía una de las partes más severas del fallo leído por la presidenta de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jéssica Lourdes González Troncoso.

En esa resolución, el tribunal encabezado por González ratificó la prisión preventiva contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien se encuentra recluido desde el 3 de junio, formalizado por los delitos de fraude, cohecho y delito concursal que habrían sido perpetrados en relación a las operaciones de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

La misma magistrada hoy figura como carta favorita del oficialismo dentro de la quina elaborada por la Corte Suprema para ascender al máximo tribunal.

Sin embargo, el fallo contra Jadue añade un nuevo elemento de contexto que podría ser usado por La Moneda para derribar prejuicios que existen en la derecha, donde consideran que la jueza es cercana a la izquierda.

“La resolución fundada de la prisión preventiva de Jadue da muestras del perfil de rigurosidad e independencia de la ministra González. En medio del escándalo de la Corte Suprema y supuestos tráficos de influencia su nombre se fortalece”, señala una autoridad del Ejecutivo, quien adelanta que la jueza de la Corte de Apelaciones será nuevamente propuesta al Senado, luego de que su nombre fuera retirado el año pasado.

Esta es la sexta oportunidad en que González es escogida por las autoridades del Poder Judicial para ser incluida en la lista de cinco nombres que se proponen al Presidente de la República.

En esta ocasión, a partir de la vacante que dejó el ministro Guillermo Silva en noviembre de 2022, ella fue la más votada en el pleno de altos magistrados con 14 preferencias.

Ese favoritismo pesó también en la decisión del Presidente Gabriel Boric de proponerla al Senado el 6 de junio del 2023. Por entonces, ella llegó a exponer a la Comisión de Constitución del Senado, que presidía la senadora Luz Ebensperger (UDI), acompañada del ministro de Justicia, Luis Cordero.

Dado que en la derecha había cierta reticencia con el nombre de González, en aquella sesión del 19 de junio, una de las cartas que mostró Cordero para persuadir a la oposición fue su fallo en el caso de Fernando Karadima, de noviembre de 2011. En su calidad de ministra en visita, González logró acreditar los abusos perpetrados por el sacerdote contra seminaristas, no obstante, debido a la prescripción legal ella se vio obligada a sobreseer la causa.

Según expuso Cordero, ese era uno de los fallos que “definían bien el carácter” de la magistrada. “Fue nombrada ministra en visita, desarrollando una labor impecable para establecer la verdad y aplicar la ley, aunque su decisión final fue impopular e incomprendida por un sector importante de la opinión pública... Fue en su tiempo muy criticada por no ejercer la justicia material, pero el camino escogido fue algo más difícil, creo prudente en la aplicación del derecho (...). Estableció de un modo cierto y exacto los hechos de la causa, los abusos perpetrados y, sobre todo, la importancia del derecho aplicable”, dijo el ministro en esa ocasión.

Cordero explicó que en su sentencia del caso Karadima, ella “llegó a la convicción de la existencia de presunciones fundadas para estimar que se cometieron delitos. Sin embargo, por la convicción alcanzada, correspondía considerar la data de ocurrencia de las conductas ilícitas. Sin perjuicio de las responsabilidades que podía asignarle (a Karadima)... esta responsabilidad se encontraba extinguida, de acuerdo a las reglas de nuestro Código Penal”.

En aquella sesión del año pasado, la mayoría de los integrantes de la comisión dieron su opinión favorable, incluyendo dos senadores de oposición, Rodrigo Galilea (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Sin embargo, Luz Ebensperger (UDI), quien en el encuentro fue la más reticente, sinceró que tenía “dudas” y se abstuvo de recomendar el nombramiento de la jueza a la sala.

Uno de los temas que inquietaba a Ebensperger era la visión judicial de González, quien promovía que los fallos tuviesen “perspectiva de género”. De hecho, la senadora gremialista le preguntó cómo se podía compatibilizar ello con la “igualdad ante la ley”. En el pasado, en 2015, la jueza había participado en el primer taller de sensibilización en temas de género realizado en Santiago y, posteriormente, fue designada como ministra titular del Consejo Consultivo de Igualdad y No Discriminación de la Zona Centro.

En el mundo judicial recuerdan que tal vez hay otro episodio que incomoda a la UDI. En 2021, González integraba la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó los recursos de nulidad interpuestos por la defensa del exsenador Jaime Orpis Bouchón (ex-UDI) por los delitos de fraude al Fisco, cohecho y soborno cometidos entre 2010 y 2015.

Si bien el año pasado la postulación de la magistrada igual contaba con los votos (a pesar de resistencia de los legisladores de la UDI), sorpresivamente La Moneda decidió retirar su nominación, en julio de 2023, ante el riesgo de que fuera rechazada.

El problema se generó a partir de una seguidilla de nombramientos fallidos al Tribunal Constitucional y a la Defensoría de la Niñez que contaminaron el ambiente con amenazas de revancha, por lo que el Ejecutivo prefirió no correr riesgos, debido a que estas designaciones a la Suprema requieren del apoyo de 33 senadores.

Desde entonces la nominación quedó congelada. El problema del gobierno y del Senado es que las vacantes en la Suprema se siguen acumulando. Además de Silva, también se jubilaron por límite de edad los ministros Haroldo Brito y Jorge Dahm y la fiscal del máximo tribunal, Lya Cabello.