Las tensas horas de Boric y la trama que terminó en la salida de Vega, la primera baja del gabinete

FOTO: KARIN POZOAGENCIAUNO

En una ajetreada jornada en el norte del país, el Presidente vio empañado su despliegue tras conocerse que Tania Santis, asesora de la titular de Desarrollo Social, contactó a Héctor Llaitul, lo que -según escuchas de la PDI- se concretó en mayo pasado. El error político enredó los cálculos del oficialismo de cara al plebiscito tras la detención del líder de la CAM, quien fue formalizado este jueves por delitos enmarcados en la Ley de Seguridad del Estado.


Eran las 12.18 de este jueves y el Presidente Gabriel Boric iba camino a una actividad en la comuna de Tierra Amarilla -Región de Atacama- cuando su equipo lo alertó de una noticia que cambiaría el rumbo de su agenda y, de manera inesperada, terminaría con la primera baja de su gabinete desde que asumió el pasado 11 de marzo. Un poco más de cuatro horas después, el Jefe de Estado anunció que había aceptado la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega.

“He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como Presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra y por eso, reitero, he aceptado su renuncia”, dijo el Presidente, pasadas las 16.30.

Y agregó que tiene “la convicción de que en esta materia, las señales que demos y las señales que dé yo en particular deben ser claras, sí al diálogo, no a la violencia, quienes no entienden esa premisa básica tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de Derecho que desde el gobierno vamos a defender”.

La información que se le entregó al Mandatario, pasado el mediodía, correspondía a una publicación que hizo Ex-Ante, que daba cuenta de que una asesora de confianza de la titular de Desarrollo Social se había contactado con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue formalizado este jueves por delitos enmarcados en la Ley de Seguridad del Estado. De acuerdo a esa publicación, un informe reservado de la PDI dio cuenta que el pasado 11 de mayo, la jefa de comunicaciones de la secretaria de Estado, Tania Santis, llamó al celular de Llaitul. Según la interceptación de la PDI, ella le transmitió al comunero que la ministra Vega “me pidió contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”.

El contacto de la asesora de Vega lo hizo la misma mañana que se difundió una entrevista de Llaitul donde convocó a “organizar la resistencia armada” frente al Estado “intermedio” de emergencia que el Presidente Gabriel Boric analizaba decretar en la Macrozona Sur del país.

Las horas previas

Aunque el ambiente en Palacio tuvo un cambio brusco, a esas alturas no estaba claro que la jornada iba concluir con la primera baja del gabinete. En la mañana el propio Boric había liderado un comité interministerial de cara al plebiscito, donde compartió con Vega e, incluso, dieron un punto de prensa en conjunto con otros ministros que tendrán responsabilidades en la jornada del referéndum.

Por lo mismo, la noticia cayó como un balde de agua fría en La Moneda, sobre todo, porque el propio Boric ha dicho públicamente que cualquier cambio en su equipo ministerial lo haría después del plebiscito. Así, mientras el Presidente avanzaba en su gira regional en el norte del país, ministros de su comité político, como Camila Vallejo (Segegob), Izkia Siches (Interior) y Giorgio Jackson (Segpres), sostuvieron reuniones sucesivas durante la mañana. En algunas de ellas, dicen en Palacio, estuvo presente la propia Vega y se analizaron salidas para una situación que rápidamente se convirtió en crisis.

Pasadas las 14.00, la única autoridad que se había referido al hecho era el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se encontraba en Concepción. Desde la Región del Biobío -donde viajó con la ministra de Defensa, Maya Fernández, justamente a raíz de la detención de Llaitul-, el socialista dijo que “no tengo en este momento antecedentes de los contactos que usted menciona. No tengo conocimiento ni de la policía ni de otras instituciones del Estado y, evidentemente, si eso fuera así estamos disponibles a aclararlo”.

La señal fue leída inmediatamente en el oficialismo como una “quitada de piso” de Interior a Vega, quien, además, es cercana a la ministra de esa cartera, Izkia Siches. Según quienes conocieron de su tenor, en una de las primeras reuniones en que participó la jefa del gabinete con sus pares, también habría negado conocer los llamados a Llaitul. Y así lo transmitieron tras comunicarse su salida desde Presidencia y otros ministerios: no hubo en ningún caso una instrucción del Presidente para tomar contacto con el líder de la CAM.

Así, La Moneda ponderó varios factores para la decisión. Por un lado, la contradicción que dejaba en evidencia el contacto con Llaitul y el relato que el gobierno ha buscado instalar en las últimas semanas respecto de la crisis de seguridad en la Macrozona Sur. Sobre todo, tras la ampliación de la querella en contra del líder de la CAM por parte del Ejecutivo, lo que permitió al Ministerio Público agilizar diligencias en su contra. Por otro lado, en el gobierno estaban conscientes de que la situación era grave y dejaba a Vega en una posición compleja para seguir en el cargo.

Era un error de proporciones y eso estaba claro, sobre todo, por otro punto que se puso, al menos en el oficialismo, sobre la mesa: el accionar de Vega volvía a reflotar la inexperiencia de las autoridades a la hora de actuar. “Fue amateur”, comentaban algunos en el sector, enfatizando la manera en que la entonces ministra buscaba contacto con Llaitul a través de una asesora que no lo conocía. En el gobierno, en todo caso, se buscó calibrar antes de tomar la decisión de dónde habría venido la “filtración” a la prensa: si de parte de la PDI o del Ministerio Público, y cuáles eran las razones detrás de aquello. “No puedo sino agregar también mi preocupación por las filtraciones de procesos judiciales en curso a medios de comunicación particulares”, advirtió Boric en su declaración, agregando que “quienes intenten sacar provechos políticos pequeños en pos de cálculos electorales que al final del día solo van a terminar deslegitimándolo y dificultan la solución a un conflicto que sabemos es complejo”.

Pero los factores políticos pesaron y así lo reflejaron ayer las palabras del propio Presidente al anunciar una decisión que tomó con el apoyo de su equipo más cercano y sus ministros del comité político, con quienes se conectó de forma telemática en varias oportunidades. Finalizada la reunión que tuvo con autoridades de Tierra Amarilla, en el Estadio Eladio Rojas, Boric permaneció en el lugar por más de una hora resolviendo una salida a la polémica. Según fuentes del gobierno, fue en ese lapso también en que habló con la ministra Vega. Las mismas fuentes señalan que fue ella quien puso sobre la mesa la posibilidad de renunciar y así se resolvió en ese último contacto.

A 10 días del plebiscito constitucional y con Llaitul preso, los hechos generaban un problema político insostenible al Ejecutivo. En esa tesis también se mostraron la mayoría de los partidos políticos que sustentan al gobierno, los cuales, a esas alturas, estaban enviando mensajes a personeros del gobierno y ejerciendo presión para que Vega saliera del gabinete. Esto con el objetivo de cerrar un flanco rápidamente y evitar que su permanencia terminara perjudicando más las opciones del Apruebo de cara al plebiscito, en un contexto en que, de acuerdo a los últimos sondeos de opinión que se hicieron públicos, el Rechazo continuaba con ventaja. Las primeras alertas, de hecho, provinieron del comando del Apruebo que hicieron saber a La Moneda del riesgo que implicaba para la campaña.

En sectores del oficialismo, de hecho, no tardaron en aparecer voces que lamentaron que el episodio se conociera justo un día después de que Llaitul fuera detenido en Cañete, sobre todo en el Socialismo Democrático, desde donde leían que su captura podría haber tenido un impacto positivo en la opción que busca visar el texto propuesto por la Convención. Por lo mismo, una vez que se conoció la salida de Vega varios destacaban, en privado, la decisión y al rato después también lo hicieron en público.

En el PPD, partido en el que milita Vega, las alertas se encendieron rápidamente y reconocen que tuvieron poco margen para actuar. En el sector transmiten que la presidenta de la colectividad, Natalia Piergentili, habría conversado con el Presidente Boric y también con Vega. De acuerdo a las mismas versiones, la líder PPD se comunicó con la ahora extitular de Desarrollo Social antes y después de que se conociera su renuncia.

En ese partido, en todo caso, si bien transmiten que la salida de Vega se justificaba debido a que consideran que fue torpe la forma en que se aproximó su equipo a Llaitul, recalcan que, cuando lo hizo, fue bajo las directrices que el gobierno había delineado de forma general. Esto haciendo alusión a que, en mayo pasado, el propio Presidente argumentaba que no querían querellarse contra el líder de la CAM debido a que no perseguían ideas, ni declaraciones. Una postura que, en todo caso, con nuevos antecedentes se modificó.

Consultada por la salida de Vega, Piergentili se limitó a decir que “valoramos la decisión de Jeanette Vega de asumir la responsabilidad política en los hechos que el país conoció. Relevamos que su única intención fue cumplir el mandato del Ejecutivo de dialogar con todos los actores en momentos en que el planteamiento del gobierno era que no se podían enjuiciar ideas. Entendemos que la situación en particular del señor Llaitul cambió y hoy está siendo procesado, y que tal como dijo el Presidente, debemos enfocarnos al diálogo con quienes quieren en paz construir soluciones”.

El senador por La Araucanía Jaime Quintana, también militante del PPD, defendió a Vega y señaló que ella “estaba llevando adelante la orientación que tenía el Ejecutivo”.

El Mandatario dejó como ministra subrogante a Paula Poblete, quien se desempeñaba como subsecretaria de Evaluación Social. Poblete, según afirman en el oficialismo, estaría en el cargo hasta después del plebiscito, ya que, posteriormente a ese hito, Boric tendría pensado hacer un ajuste ministerial.

La reacción opositora

Una vez conocido el hecho, en la oposición delinearon la estrategia de instalar la idea de supuestos vínculos entre el gobierno y el terrorismo, que acusan, existe en la zona, mientras que en paralelo rápidamente algunos comenzaron a pedir la salida de la secretaria de Estado. “Es el síntoma que ha tenido este gobierno, de querer relacionarse directamente con grupos radicalizados (…) A este gobierno le causan simpatía los grupos radicalizados”, acusó el jefe de bancada de RN, Andrés Longton.

La idea también era que si el gobierno había logrado capitalizar apoyos políticos con la detención de Llaitul, lo perdiera con esta polémica. Por lo mismo, buscan mantener el tema en agenda. De esta manera, la UDI apuesta por pedir una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar la detención de Llaitul e incluir lo de la llamada, mientras que RN promoverá una comisión investigadora.

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