“Declárese desierta la licitación para la contratación del servicio de ”Control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales".

Esta es la resolución que, el pasado 16 de mayo, entregó el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) respecto a la licitación que había abierto para la adjudicación de ese servicio.

La realización de este examen nace de una glosa aprobada en la Ley de Presupuesto 2025, donde la derecha -en una ofensiva liderada por la UDI- logró aprobar una indicación que señala que el Presidente de la República, los ministros de Estado y los subsecretarios deben someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales.

En la resolución, el organismo dependiente del Ministerio del Interior expuso que si bien llegaron oferentes, en la presentación que hicieron faltaban algunos documentos, como la presentación de una oferta técnica y económica, o que otra propuesta contemplaba la realización de menos test de los que se requerían.

Por lo mismo es que el 19 de mayo Senda abrió un nuevo proceso. El problema es que se cierra este 29 de mayo, es decir, en dos días más, con lo cual los plazos están acotados y, por ende, se correría el riesgo de que el proceso quede desierto nuevamente.

El fracaso del proceso pone en riesgo una norma aprobada en la Ley de Presupuestos de este año, que establece que el plazo para la realización del examen es el 30 de junio, es decir, a prácticamente un mes.

Consultado el Senda, desde el organismo declararon que “tal como se encuentra publicado en la plataforma de mercado público, en el primer proceso de licitación los oferentes no dieron cumplimiento a los requisitos administrativos, lo cual implica que, por razones jurídicas, las ofertas no pudieran ser admitidas y, por tanto, se tuvo que declarar desierto el proceso”.

Y añaden: “Posteriormente se inició un segundo proceso licitatorio, y que tal como se encuentra en el calendario de la licitación, los plazos se cumplirían conforme a la Glosa Presupuestaria”.

En cuanto a los criterios del examen, son los mismos que se establecían en el primer proceso: test de orina en vez de pelo, toma de muestra previa coordinación con autoridades y los resultados de carácter confidencial.

La ofensiva de la UDI

La idea de incluir este examen en la Ley del Presupuesto de la nación fue de la UDI, siendo el diputado Juan Antonio Coloma quien ha encabezado la ofensiva.

De hecho, en la última discusión presupuestaria en el Congreso este tema fue el principal tira y afloja entre la oposición y el gobierno.

A juicio del gobierno, esta política de testeos, que ya se aplica en la administración pública a ciertos funcionarios, bajo la supervisión del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), debía ser parte de una discusión de la ley permanente y no debía incluirse en una norma del erario nacional que se discute y se renueva año a año.

La oposición, sin embargo, que aprobó una glosa en la partida de la Presidencia de la República, argumentaba que las autoridades debían dar el ejemplo y someterse a las mismas reglas que se aplican a cualquier empleado fiscal.

“El Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”, decía la glosa en cuestión que fue aprobada en la Cámara de Diputados y luego ratificada por el Senado.

Si bien al Ejecutivo le incomodó esta imposición y evaluó recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la glosa, al final los ministros y el Presidente optaron por no desgastarse en una pelea judicial y acatar la disposición, toda vez que tampoco establecía mayores condiciones. Para ello, la Dirección Administrativa de la Presidencia suscribió un convenio con Senda para desarrollar el muestreo a través de una licitación pública.

En ese contexto es que Coloma criticó que el gobierno ha actuado “de manera absolutamente improvisada” y que está poniendo en riesgo el cumplimiento de lo establecido en la ley del erario fiscal.

“Tuvieron todo el año para llevar adelante este proceso y cumplir, en tiempo y forma, con la realización de los exámenes de drogas obligatorios al Presidente de la República, sus ministros y subsecretarios. Sin embargo, como ha sido la tónica durante esta administración, prefirieron dejar todo para última hora, lo que da cuenta del escaso compromiso con esta medida”, apuntó Coloma.

Pero además el parlamentario criticó el tipo de examen que está contemplado hacerse. “Pudiendo haber modificado las bases en esta segunda licitación para así dotar de mayor transparencia el proceso, el gobierno insiste con realizar un examen de orina, que solo mide hasta 72 horas, en vez de un test de pelo, que permite detectar un consumo de hasta tres meses o incluso más”, aseguró.