Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos: "Corresponde a los parlamentarios, no al gobierno, impulsar el matrimonio igualitario"

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Foto: Mario Téllez

Subsecretaria dice que "existen las herramientas" para eso y que "es públicamente conocido que nuestro programa de gobierno no venía con un impulso intenso respecto del proyecto".




Luego de más de un año de correcciones, el jueves la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, ingresó a Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos, el que espera sea aprobado prontamente por el organismo para ponerlo en marcha oficialmente. En esta entrevista, defiende la decisión del gobierno de no promover el matrimonio igualitario y dice que esa responsabilidad recae hoy en el Congreso.

En el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) ante la Comisión Interamericana de DD.HH. se habla de promover ese proyecto. ¿Cómo se justifica, entonces, la decisión del gobierno?

Yo distinguiría entre lo que es el Acuerdo de Solución Amistosa y el Plan Nacional de Derechos Humanos... En este proceso de actualización el mismo Movilh, que es una de las organizaciones promotoras de la solicitud que se hizo ante la CIDH en 2015 y que promovió el Acuerdo Solución Amistosa que se acordó durante el gobierno de la Presidenta Bachelet en el año 2016, señala que los acuerdos respecto del matrimonio igualitario tienen tres elementos principales: primero, que era un acto público, en términos de generar o establecer un interés legítimo de la sociedad; el segundo punto es el ingreso de un proyecto de ley, cosa que también se hizo en el segundo semestre del año 2017; y, en tercer lugar, se habla de impulsar diversos temas, entre ellos, el de matrimonio igualitario como un interés legítimo en la sociedad chilena. A propósito de esto mismo, el Movilh nos citó a la CIDH el año pasado para que nosotros dijéramos qué posición teníamos respecto a estos tres puntos del ASA. Y, en ese momento, el Estado de Chile, representado por el Ejecutivo, señaló que los tres puntos que acabo de mencionar se encontraban cumplidos. Nosotros no fuimos de motu proprio a la CIDH, sino que fue una citación promovida por el Movilh. Por lo tanto, los acuerdos de solución amistosa tienen esta particularidad que entre las partes van definiendo cómo se van cumpliendo. Nosotros dijimos que creíamos cumplidos estos tres puntos. Por lo tanto, no creemos que en términos del Acuerdo de Solución Amistosa existan, en estos tres puntos, materias pendientes respecto del matrimonio igualitario... Lo que corresponde es que se avance desde el Congreso en ese proyecto.

Este gobierno siempre ha dicho que están en contra de la discriminación. ¿No cree que sea una forma de discriminación que no se les permita a las parejas del mismo sexo casarse?

Estamos convencidos de que ampliar una agenda de derechos humanos y ampliar su comprensión y entendimiento en un país como el nuestro, además, que estaba poco familiarizado con otros ámbitos del principio de igualdad y no discriminación, requiere de diversas medidas. Está en el programa de gobierno establecer una modificación a la ley antidiscriminación... Y hay otra serie de acciones que están en ese sentido, todo lo que hemos hecho en coordinación con otros ministerios, por ejemplo, los protocolos de asistencia a las personas trans en situación de calle.

¿Pero no cree que es una forma de discriminación que no se les permita a personas del mismo sexo poder acceder en igualdad de condiciones para casarse?

Existen distintas acciones, y es parte del debate legislativo y democrático que exista discusión sobre esas acciones. Y es públicamente conocido que nuestro programa de gobierno no venía con un impulso intenso respecto del proyecto de matrimonio igualitario, de modo que nosotros estamos llevando adelante una nutrida agenda en materia de derechos humanos y estamos convencidos de que eso va a colaborar a que haya menos discriminación.

Pero ustedes han impulsado cosas que no estaban en el programa, como identidad de género. ¿No hay margen para incluirlo o tiene la convicción de que no hay que avanzar?

Como gobierno tenemos la convicción de que estamos avanzando en una agenda de promoción y protección de los derechos humanos que tiene muchas líneas de acción y que todas esas medidas van conduciendo a una consolidación de una cultura de los derechos humanos donde se van incorporando, de a poco, cambios culturales que son muchas veces necesarios para ir avanzando en algunos sentidos.

El ministro de Justicia dijo que ya habían cumplido y que no les pidieran a ustedes hacer la labor que le corresponde al Congreso. ¿La responsabilidad recae solo en la oposición?

Nosotros hemos dicho, y por eso es que la acción en el plan implica el monitoreo del proyecto de ley que está en el Congreso, que la iniciativa y su discusión está en sede legislativa. Corresponde a los parlamentarios, no al gobierno, impulsar el matrimonio igualitario.

¿Cree que están intentando endosarles a ustedes esa responsabilidad?

No hablaría de quién tiene la responsabilidad acá, el tema es que está en el Congreso. Existen mecanismos en el Congreso que permiten discutir las leyes. Tenemos una Comisión de Constitución, en donde está el proyecto, que está presidida por un senador que está de acuerdo con el proyecto, que ha dicho que se va a tramitar. Pues, bien, esperemos si eso va a resultar o no va a resultar, si se va a tramitar, pero existen las herramientas para que ellos pudiesen iniciar y revisar con mayor profundidad ese debate en el Congreso.

Esta semana se vivió una polémica con Jair Bolsonaro, quien criticó duramente a la expresidenta Michelle Bachelet por lo que dijo respecto a la situación democrática en Brasil. ¿Qué le pareció?

Nuestro gobierno, a través del Presidente, salió rápidamente a señalar que se rechazaban absolutamente los dichos del Presidente Bolsonaro en el sentido de utilizar la figura del padre de la expresidenta. Condenó aquellas declaraciones. Luego, el ministro del Interior volvió a complementar y a ratificar esas declaraciones. Por lo tanto, lo señalado por el gobierno es nuestra posición, es mi posición y no hay dos lecturas sobre eso.

Piñera solo dijo que no lo comparte en absoluto, pero, más allá de eso, sostuvo que "toda persona tiene derecho a tener su propio juicio histórico sobre los gobiernos que tuvimos en Chile en la década de los 70 y 80". ¿No cree que esas palabras contrastan con su discurso en su primer gobierno, cuando habló de los "cómplices pasivos"?

El Presidente ha sido muy claro en señalar -y no solamente en señalarlo, en sus acciones- el apoyo irrestricto que tiene nuestro gobierno en la promoción y protección de los derechos humanos. Por lo tanto, me parece muy bien, muy coherente, muy consistente en sus declaraciones.

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