Nueva Constitución: no es prioridad, pero el "apruebo" es mayoritario

Hace 20 años, el 16 de enero de 2000, Ricardo Lagos Escobar ganó en una apretada segunda vuelta y se convirtió en el tercer Presidente desde el regreso a la democracia. Tres meses después, y ya con el PS-PPD en La Moneda, la encuesta del CEP publicada el 19 de abril reflejó que un 4% de los encuestados consideraba que las "reformas constitucionales" eran uno de los tres temas a resolver por ese gobierno.

En la medición siguiente, la de diciembre de 2000, esa cifra bajó a un 2%. Y se mantuvo abajo en la lista de prioridades. De hecho, desde 2005 -año de las reformas constitucionales- hasta el 2014 no se incluyó el asunto "reformas constitucionales" en la pregunta sobre las tres prioridades a las que debiera dedicarse el gobierno de turno. Y es que, como comentan en el think tank, la lista de "problemas" que se les consultan a los encuestados es una lista cerrada y queda a discreción del CEP.

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet el tema también se mantuvo en porcentajes bajos. En 2017, en tanto, apareció dentro de las prioridades, pero solo con un 5%.

Lo cierto es que en la medición publicada ayer, en la pregunta de las prioridades, el asunto "reformas constitucionales" llegó a su más alto porcentaje histórico en la medición CEP, a pesar de que sigue siendo una cifra baja: un 7% lo considera relevante, posicionándose así en el número 11 de temas a resolver.

Sin embargo, la inclusión de preguntas respecto del proceso constituyente y el plebiscito del 26 de abril marcaron aún más una especie de paradoja del tema constitucional: no es prioritario como un problema a resolver, pero el "apruebo" a una nueva Carta Fundamental tiene un masivo 67% de apoyo.

Además, en la encuesta se incluyó la pregunta "pensando en los problemas del país hoy, de la siguiente lista, ¿cuál diría usted que es la mejor forma de solucionarlos? ¿Y cuál sería para usted la segunda mejor forma de solucionarlos? Mediante …". Al respecto, un 20% de los encuestados respondió que una "nueva Constitución" es la "mejor opción" para eso. Mismo porcentaje obtuvo la respuesta "reformas a las leyes para realizar cambios estructurales".

"Una explicación posible es que la Constitución sea valorada en sí misma, por su simbolismo, en especial después del acuerdo de noviembre y la esperanza que este trajo. Pero preguntadas por la Constitución en el contexto de otras materias más concretas y apremiantes, como pensiones o salud, las personas priorizan estas últimas. Si esto es así, significaría que las personas entienden que la Constitución y las políticas públicas son dos cosas distintas. Esto sería positivo, porque reduce el riesgo de que luego de dictar una nueva Constitución nos desilusionemos", comenta Lucas Sierra, abogado e investigador del CEP.

Lo mismo cree Sebastián Soto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y quien fue parte de la comisión técnica transversal que aterrizó el acuerdo del 15 de noviembre. "Es una paradoja esperable. Se entiende que la Constitución no es la forma más directa de dar solución a los problemas relevantes, sino que únicamente entrega un contexto institucional para hacerlo. Es decir, las personas parecieran estar diciendo que la Constitución no va a ser la fuente directa de los cambios, pero sí permitirá mejorar el contexto en que estos se deben hacer. Eso, en otras palabras, muestra que la Constitución nunca será capaz de suplir a la buena política", dice.

En esta medición también se agregó la pregunta: "¿Cree que la nueva Constitución (...) ayude a resolver los problemas de Chile, probablemente deje las cosas igual o probablemente empeore la situación actual del país?" Ante esa consulta, un 56% manifestó que "probablemente" ayude a resolver los problemas del país.