Nuevo presidente de las universidades del G9: “La Constitución debe reconocer las características de provisión mixta que tiene el sistema”

Desde el miércoles 26 de abril la Red G9 de universidades -autodenominadas públicas no estatales- tiene nuevo presidente. Ese día terminó el periodo de Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, y asumió hasta abril de 2024 Cristhian Mellado, máxima autoridad de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Desde ese rol, el nuevo timonel de la red que agrupa, además de las instituciones ya mencionadas, a todas las Católicas de Chile, la Austral y la Federico Santa María, aborda junto a La Tercera los desafíos del sector y de un nuevo proceso constituyente, en el que ahora su red espera sí ser explicitados en la propuesta de borrador. “Nuestros proyectos educativos tienen la solidez suficiente para seguir aportando a la educación superior”, argumenta.

¿Qué desafíos ve para la educación superior?

Es un poco lo que ha planteado el subsecretario Orellana: una modernización del sistema de financiamiento, algo en lo que estamos completamente de acuerdo y que como G9 estamos trabajando en una propuesta. Se ve claramente que la gratuidad y lo referido a financiamiento en la ley está generando un estrés financiero en el sistema, porque no contempla todas las funciones que la misma ley establece. El subsecretario ha hecho una invitación a través del Cruch para trabajar una propuesta conjunta. También nos parece muy interesante lo que planteó en cuanto a modernización académica, con una nueva estructura de títulos, grados, de duración de carreras y cómo se trabaja con el Ministerio de Ciencias para aumentar la inversión en investigación y desarrollo, de cómo la educación superior aporta al desarrollo humano o cómo incorporamos las tensiones que el propio sistema ha generado en torno a salud mental o igualdad de género.

¿Y qué desafíos ve para el G9?

Hemos trazado una agenda de corto plazo que tiene que ver con el financiamiento y el reconocimiento de las universidades que componen el G9 en la nueva Constitución. Y otra cosa tiene que ver con la restitución de la glosa presupuestaria que desapareció para el G9.

A propósito de nueva Constitución, ¿cómo hacer que confluyan miradas tan disímiles sobre qué es lo público? Pareciera que nunca se pondrán de acuerdo.

Las opiniones son válidas y la academia se caracteriza por eso. Creo que se debe ir al rol histórico de las universidades, cómo se ha desarrollado el sistema de educación superior, que se reconozca el aporte de las universidades del Cruch, lo que han hecho y seguimos haciendo. Es reconocer cómo el Estado de Chile ha desarrollado la educación superior y que no existe en otra parte del mundo. Hoy Chile tiene un sistema de educación superior -mixto- de los más competitivos de Latinoamérica y hay que proyectar así la educación superior. La Constitución debe reconocer las características de provisión mixta que tiene el sistema. Lo que indicamos es legítimo.

¿Y por qué no podría esto mismo ocurrir con otras esferas -como las clínicas- que también cumplen un rol en una provisión mixta?

El desarrollo histórico del sistema de salud es totalmente distinto al del de educación superior. El Cruch nace con seis universidades del G9 y dos estatales, llegando a tener reconocimiento en la Constitución en algún momento, porque la prioridad del Estado en ese tiempo probablemente estaba en otro foco. La comparación no es ha lugar y no pretendemos ser comparados con ellas, sobre todo porque todas las universidades (del G9) son sin fines de lucro. Nunca el lucro ha estado en nuestro proyecto educativo. Y en un sector como las clínicas hay una propiedad y alguien legítimamente está apropiándose de las utilidades.

¿Cómo definiría usted qué universidades incluir en la Constitución?

Nos parece que el Cruch es el ente que incorpora a las universidades que cumplen ese rol público. La ley ha establecido los requisitos para que nuevas universidades puedan ser incorporadas y así ocurrió con las últimas tres que ingresaron (Alberto Hurtado, de Los Andes y Diego Portales). Ese es el espacio para que las universidades que hacen este aporte público se legitimen.

¿Cuál ha sido la estrategia del G9 para ahora sí ser consideradas?

Al igual que la vez pasada, preparamos un documento, lo actualizamos, se distribuyó tanto al Presidente como al Comité de Expertos. Hemos estado haciendo un seguimiento en detalle de este borrador de derechos fundamentales e indicaciones. Tenemos un análisis preliminar: se está incorporando lo que como G9 hemos estado trabajando. Como universidades acreditadas ahora tenemos el llamado a colaborar en el proceso de participación ciudadana. Se están haciendo coordinaciones y estaremos atentos para participar en las iniciativas de enmienda.

¿Sería frustrante si el G9 no fuera especificado en el borrador?

No diría frustrado. La seriedad de nuestros proyectos debe hermanarnos para continuar con ese trabajo. Dependiendo de cómo quede el texto tendremos que establecer una agenda de trabajo si un punto de lo que trabajamos no queda ahí.

En algún punto desde el G9 se quejaron de un trato preferente no solo de la Convención, sino que del gobierno. ¿Eso se mantiene?

En cuanto al gobierno, diría que hay un espíritu de reconocimiento. El mismo Presidente lo dijo en nuestro encuentro de enero. En esa línea tanto la subsecretaria anterior como el actual han reconocido ese aporte que hacemos. El subsecretario lo ha reiterado en el espacio del Cruch, entonces diría que a nivel de gobierno es un tema superado y que estamos trabajando colaborativamente como siempre. En los temas de Constitución, vemos que, por los menos en los documentos previos, si bien son muy generales en educación aún, en el trabajo se está buscando que se reconozcan estas características mixtas de la educación superior chilena.

Lo llevo al sistema de financiamiento de la educación superior. ¿Cuáles son las patas más débiles?

Por un lado, el financiamiento de la docencia: la gratuidad financia la duración nominal de las carreras y en Chile es una realidad que las carreras duran más de lo establecido. Ahí una propuesta es que se establezca al menos un año más. Lo otro son los artículos transitorios de la ley hasta la implementación de los aranceles regulados en 2024. Hay muchas universidades que teníamos aranceles bajos en 2015 y no permiten capitalizar ingresos. También la propuesta de cambio de matrícula: nos parece que eso puede coartar el rol que tenemos como universidades; puede generar un desequilibrio en el sector. Por otro lado, la necesidad de un nuevo sistema de créditos que tenga las características necesarias para quienes no acceden a la gratuidad. Y por último el financiamiento institucional, sobre todo en labores de investigación y vinculación.

¿El gobierno debería dar luces sobre el CAE?

En la medida que se pueda avanzar en el sistema integral de financiamiento requiere que se aborde al CAE. Si logro interpretar al gobierno el problema tiene que ver con de dónde se sacan los recursos, considerando la situación económica del país que no favorece el presupuesto público para abordarlo con la rapidez que uno quisiera. En la propuesta del subsecretario la idea es en diciembre tener la propuesta junto al Cruch. Ahí nos parece que habría luces del CAE. Hay un compromiso y vemos que ese tiempo (diciembre) puede ser prudente y no apresurarse en una solución que podría traer otros problemas a futuro. Está la condonación, pero también cuál es el sistema nuevo.

¿Con qué ánimo ha visto al nuevo subsecretario Orellana?

Al igual que la subsecretaria Figueroa, llegó con mucha altura de miras y de reconocer al Cruch. Veo un ánimo bastante positivo y de trabajo colaborativo. Se valora que han hecho reconocimiento del Cruch, porque me tocó con el otro gobierno, que no se veía este reconocimiento que el Cruch es el asesor del Mineduc en educación superior. Hay visión. Veo un subsecretario muy motivado y por su línea de investigación conoce bien el sistema. Es una oportunidad.